Una película con final conocido

Como dice el dicho, “No han fecha que no se cumpla ni plazo que no venza”, y precisamente así fue como sucedió el tan sonado juicio político que pretendían aplicarle al Secretario de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, donde prevalecieron las presiones, y sobre todo, los intereses de las principales fuerzas políticas que avalaron desechar el procedimiento que se le había instaurado al responsable de la seguridad en San Luis Potosí.

El argumentó, fue la falta de elementos dentro del desahogo de pruebas entre ambas partes, es decir que los legisladores consideraron que no fueron suficientes, las pruebas que presentó el diputado Edgardo Contreras en contra del secretario de seguridad Jaime Pineda. Aunque para algunos cuantos y antemano este asunto, pudo ser similar al de “una película con final conocido”.

De igual forma, al parecer las pruebas de defensa presentadas por Jaime Pineda, convencieron a la mayoría de los legisladores de su inocencia en torno a ser el principal responsable del clima de inseguridad y violencia que se ha generado en San Luis Potosí, en las últimas fechas. Se supo que durante las distintas reuniones de la comisión Jurisdiccional que conformaba la diputada del PT, Paola Arreola, la priísta Patricia Silva Celis y el panista Ricardo Villareal Loo, se calculó el impacto negativo que representaría el desechar este juicio político.

Dicen que es de sabios reconsiderar y efectivamente esto es lo que pasó con la postura asumida en su momento por la gran mayoría de los 27 diputados que habían avalado la instauración de Juicio Político en contra del funcionario estatal y encargado de la seguridad pública Jaime Pineda, pues e incluso, hay que recordar que hasta los propios priístas encabezados por su coordinador Mauricio Konishi, secundados por la combativa Bety Benavente se subieron al barco al tratar de enjuiciar a quien desde su punto de vista, “no ha dado los resultados esperados en los temas de seguridad”.

El diputado del Partido Verde, Edgardo Hernández Contreras,  tenía la confianza de que sus 26 homólogos, lo acompañarían hasta el final de este espinoso camino para lograr su cometido de lograr enjuiciar a todavía Secretario de Seguridad. Sin embargo, las cifras de la votación que se presentaron durante la Sesión Privada del Congreso del Estado, revelaron todo lo contrario, pues el buen Ciudadano Martín Córdova, reveló que fueron 20 votos a favor porque se desechará el juicio, 4 abstenciones y 1 en contra.

Seguramente las presiones de algunos dirigentes empresariales, e incluso algún asomo de la Iglesia en el tema, influyeron a la decisión tomada por la mayoría de los diputados, pues no se puede entender de otra manera, las críticas que en su momento surgieron en contra del Congreso del Estado, por pretender aprobar un juicio político en contra del Secretario de Seguridad.

Además, tampoco se puede perder de vista que seguramente el Gobierno del Estado, a través de sus operadores políticos, tuvieron que actuar para impedir que se consumara la pretensión de aprobar un juicio político en contra de su Secretario de Seguridad, (Jaime Pineda), pues de haberse permitido, habría sido un duro golpe en contra de la administración del gobernador Juan Manuel Carreras, pues ello, abriría la puerta para que el día de mañana, cualquier diputado, por mero capricho o revanchismo político, solicitará juicio político en contra de cualquier integrante del Gabinete Estatal.

Ahora habrá que esperar la reacción del principal detractor del Secretario de Seguridad, que en este caso es el diputado Edgardo Hernández, que dé inicio, ya adelantó que buscará recurrir a los tribunales para instaurar un juicio de responsabilidad en contra de sus compañeros que decidieron desechar el juicio político, dejando de lado las pruebas que presentó en contra de su acusado.

Además, el Congreso del Estado, deberá asumir el costo que esta decisión pudiera representar ante la sociedad, pues hay quienes advierten que si bien es cierto que Jaime Pineda, la libró y salió del banquillo de los acusados, esto únicamente puede ser un aliciente, si desde el propio ejecutivo, en un corto plazo se le pide su renuncia para evitar más golpeteos en contra de la administración Carrerista. Porque, “Es muy diferente que sea el Gobernador quien despida al Secretario de Seguridad, a que se lo despidan los diputados”.