Educación y Ciudadanía A.C. | 25/06/2019 | 23:50
Las autoridades encargadas de auditar suelen padecer amnesia, por fortuna podemos confiar en el trabajo de periodistas y de la Sociedad Civil Organizada
Promesas de campaña, muchas; pero ninguna tan aclamada como “acabar con la corrupción”. Muy lejos de lo esperado, una de las decisiones presidenciales al respecto, fue cortar de tajo los apoyos del gobierno hacia las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el pretexto de que, al ser intermediarias, ese recurso les hacía una presa fácil de la corrupción. A cambio, la ciudadanía obtuvo una serie de apoyos directos, así que ahora es su responsabilidad satisfacer sus necesidades con las becas, si es que las recibe. Mientras tanto, los corruptos de gran escala continúan tranquilos con lo suyo.
Hay lugares comunes cuando se habla de corrupción, que si “el cambio depende de ti”, que “quien no tranza, no avanza”, que si “es pobre porque quiere” o que “la corrupción es parte de nuestra cultura”. La última, una de tantas frases que consagraron al último expresidente, quien, junto a su entonces esposa, tuvo que disculparse ante la opinión pública por lo insultante que resultaba su nuevo hogar para los contribuyentes, un gasto que, según su explicación, habían pagado con su trabajo. Aunque las autoridades no se quedaron de brazos cruzados, se instaló a un secretario de la función pública para auditar e investigar todo el asunto, pronto encontró que no había nada sospechoso en ese enriquecimiento. Es más, la actual administración ya dijo que no se trata de guardar rencores ni de señalar culpables, ahora la prevención será la estrategia contra la corrupción.
Todo ese caso fue descubierto y expuesto a detalle gracias a personas que luego terminaron pagando las consecuencias de auditar cuando no se les solicita, personas de la Sociedad Civil Organizada y periodistas comprometidos con la causa, que sirven más a la ciudadanía que al servicio público. Y es que, a través del paso de las administraciones, de partidos en el poder y de sexenios, solo es capaz de oponerse genuinamente al desvío de recursos, alguien que no tenga vínculos políticos, y que tenga preocupación de vigilar en qué se está usando el presupuesto que debería satisfacer las principales necesidades sociales, pues no solo se trata de rastrear el dinero. Hoy, son pocas las esperanzas de que contemos con auditorías autónomas y funcionales, es decir, auditorias sociales.
La auditoría social revela el grave error de pensar que la corrupción es solo un asunto económico o político, pues estaríamos ignorando que cada peso desviado del presupuesto público es un peso que no llega a su destino porque alguien lo acaparó, al anteponiendo sus intereses por encima de los demás; un peso que iba a cumplir con una encomienda social, que serviría para garantizar todo tipo de derechos de otras personas. Hacer auditoria social es defender los derechos humanos.
Es obligación del gobierno hacer todo a su alcance para que la población tenga lo necesario para que su vida pueda considerarse digna, pero la excusa más repetida al no lograrlo es que “no hay recursos suficientes”, algo que no concuerda cuando vemos la vida de ciertas autoridades, que sin vergüenza presumen viajes, fiestas, propiedades y demás lujos en las redes sociales. Donde la ciudadanía está más al pendiente, donde más cala la desigualdad. Tal vez habría que pensar en pasar la estafeta de la auditoría a la ciudadanía organizada, que ha tenido mayores logros al evidenciar la corrupción.
Tendriamos una respuesta muy distinta a la del ex Secretario de la Función Pública, si preguntáramos por el manejo de recursos, a quien fue víctima de algún crimen o perdió algún ser querido sin recibir justicia, a quienes terminaron en prisión por no poder pagar una mejor defensa, a quienes perdieron sus recursos naturales a manos de grandes empresas, a quienes se esconden para poder seguir informando por temor a represalias, a quienes no pudieron estudiar por falta de espacios, a quienes tuvieron que emigrar en busca de un empleo digno y bien pagado, a quienes no tienen acceso a muchos lugares por alguna discapacidad, a quienes ganan menos que alguien del sexo opuesto al hacer el mismo trabajo. Y así, hay por lo menos otros 43 ejemplos, de ocasiones en que el gobierno ha tratado de vender su verdad histórica de los recursos insuficientes para justificar sus incumplimientos y ocultar sus desvíos.
Extrañamente, las autoridades encargadas de auditar suelen padecer amnesia, pero por fortuna podemos confiar en el trabajo de periodistas y de la Sociedad Civil Organizada para recuperar la memoria con nuestras cicatrices, hacer auditoría social, seguir los recursos, denunciar los abusos, evidenciarlos, exigir justicia y continuar siendo una piedra en el zapato del corrupto. Y como bien dijo Jacinta Francisco Marcial, indígena hñähñú (otomí), seguiremos luchando ¡¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!!
