Guadalupe González | 25/06/2019 | 21:44
En México la corrupción sigue imbatible y avanzando a pasos agigantados. Esto sucede porque la clase política se ha coludido para protegerse y buscar la forma de salir ilesa. Obviamente existen algunos casos donde se simula habrá un castigo ejemplar pero con el paso del tiempo todos los involucrados van quedando exonerados. Una película ya muy vista.
Por eso no debe extrañarnos los terribles resultados de México en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) que es una novedosa herramienta que evalúa la capacidad de América Latina para descubrir, castigar y disuadir la corrupción. Nuestro país es de los peores evaluados en América Latina.
CRECIMIENTO EXPONENCIA DE EMPRESAS FANTASMAS
Ante la impunidad que se vive en México, era lógico que de 2014 a 2019, durante la administración de Peña Nieto creciera 31 veces el número de empresas defraudadoras. El SAT habla de 8 millones 827 mil 390 facturas falsas en el citado periodo. Por medio de las empresas fantasmas se han desviado impresionantes cantidades de recursos públicos. Aquí en San Luis Potosí basta recordar el caso emblemático de la fantasmagórica Sandra Sánchez Ruíz, las que usaron los ex diputados locales, las que usa actualmente el Hospital Central, varios ayuntamientos y mismo Gobierno del Estado.
DOS EX DIPUTADOS NO DEVUELVEN DINERO
Y para cerrar esta columna sin desviarme del tema central, insisto que por culpa de la impunidad los ex diputados locales José Belmárez del PT y Jorge Díaz Salinas del PAN se han negado a devolver 130 mil pesos y 98 mil pesos respectivamente, esto derivado de la no solventación de observaciones hechas por la Auditoria Superior del Estado a las supuestas ayudas sociales que otorgaba el Congreso. Se venció desde hace mucho el plazo y siguen sin que se les sancione, se les denuncie penalmente o se les inhabilite. Bendita impunidad, una abierta invitación para que los funcionarios públicos roben sin consecuencias.