El Senado de la República prepara el dictamen de la Ley Nacional de Extinción de Dominio que servirá para recuperar bienes y objetos relacionados con hechos de corrupción, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito o robo de hidrocarburos, entre otros delitos.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, reiteró que dicha ley es fundamental para “pegarle a la columna” financiera de la delincuencia organizada e inhibir los ilícitos cometidos por servidores públicos.
“Mientras no toquemos los pilares del financiamiento del crimen organizado, de la delincuencia organizada, o de los ilícitos cometidos por servidores públicos, no estaremos actuando con eficacia en el combate a estos delitos”, advirtió el también coordinador de los senadores de Morena.
Entre las puntos principales, explicó que la nueva norma prevé que la aplicación de esta figura sea imprescriptible para los bienes de origen ilícito. Para los bienes que sean destinados para alguna actividad ilegal, agregó, se propone una prescripción de 20 años.
Se analiza plantear como medida cautelar que un juez, a petición del Ministerio Público, pueda ordenar el aseguramiento de bienes ante la amenaza o posibilidad de que éstos se oculten, alteren o dilapiden.
El MP también podrá pedir la inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros.
Otros temas que se pretenden reglamentar son la solicitud de la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad como medida provisional, así como la posibilidad de que el aseguramiento se decrete en cualquier momento, durante el juicio o incluso antes de su inicio.
El proceso contará con jueces especializados en primera instancia y magistrados en segunda instancia para sustanciar los procedimientos civiles.
A su vez, se establecerán impedimentos para conocer sobre un asunto tanto a jueces, magistrados como a secretarios de acuerdo, actuarios o quien haga la función de estos para evitar un posible conflicto de interés.
La ley que se alista en el Senado incluye multas “ejemplares” contra servidores públicos, juzgadores y personal que no cumpla con su deber en tiempo y forma.
La autoridad administrativa competente para la administración y la enajenación de los bienes será el Instituto de Administración de Bienes y Activos, identificada como el Instituto para Devolverle al Pueblo Robado.
Ricardo Monreal agregó que Ley Nacional de Extinción de Dominio fortalecerá la actuación y atribuciones de la Fiscalía General de la República.
La iniciativa de esta ley es discutida en la comisión de Justicia del Senado con el fin de presentarla al Pleno y votarla el 1 de julio cuando se reanude el periodo extraordinario.
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