Académicos desconfían de la Guardia Nacional

La preocupación que domina en la academia, sobre la Guardia Nacional que opera sobre 266 regiones del país, son las posibles violaciones a los derechos humanos que puedan ocurrir, señaló Alejandro Ernesto Vázquez Martínez, investigador de la Licenciatura en Seguridad Pública y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

"El gran reto para el estado y sus instituciones y el ejercicio ya práctico de la Guardia Nacional es fundamentalmente en cuestiones políticas y cuestiones geopolíticas que tienen que ver con migración, con los diferentes tipos de migraciones".

El movimiento migratorio se da en un contexto donde continúa el crimen organizado, "entonces no solamente se trata de resguardar los derechos de las personas que están migrando y entre las cuales se encuentran grupos que pueden ser vulnerados, como los niños y las mujeres".

La Guardia Nacional no solo se trata de procesos que están por salir, si no de capacidades que no están probadas, es decir: "las detenciones que se lleven a cabo, los resguardos que se lleven a cabo, pues deberían responder a protocolos que estén respaldados con la protección de derechos humanos".

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) llevó a cabo el Foro de Seguridad Pública, Gestión de Conflicto y Capacidades Institucionales: Caso Guardia Nacional.

Edith Argüelles, investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP, señaló que aunque es muy precipitado emitir un diagnóstico sobre la Guardia Nacional, es necesario que la academia no deje de discutir el tema.

"Hay un margen de 90 días, donde se hace un estudio complementario para que la ley de la Guardia Nacional sea enriquecida de manera académica y que se depuren aquellas cuestiones que queden oscuras como la cuestión de los derechos humanos, el aspecto migratorio y como se va a tratar, entonces tenemos 90 días", señaló Luis Alberto Osornio Saldivar, coordinador de la carrera en Criminología de la UASLP.

Posterior a estos 90 días, se tienen otros 120 días para hacer y estudiar lad leyes reglamentarias específicas de la materia, "esto nos da oportunamente para establecer discusiones y foros parlamentarios", concluyó.