La organización Human Rights Watch (HRW) llamó hoy a los gobiernos de Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa a que impongan sanciones contra los funcionarios nicaragüenses implicados en graves violaciones a los derechos humanos.
En su informe titulado "Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua", HRW documentó la situación de las personas detenidas por la policía o grupo armados afines a las autoridades durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril de 2018.
Indicó que muchos de los detenidos sufrieron abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas. A heridos se les habría negado atención médica y varios galenos que brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias.
Numerosos detenidos han sido procesados, en algunos casos por delitos violentos graves, derivado de su participación en protestas contra el gobierno o por su papel en movimientos sociales que cuestionaron al gobierno, incluso antes de la represión.
Estos procesamientos estuvieron plagados de graves violaciones a las garantías de debido proceso y otros derechos fundamentales, como la detención en condiciones de incomunicación o los juicios a puertas cerradas, de acuerdo con el informe de Human Rights Watch publicado en su página web.
El gobierno también allanó las oficinas de medios de prensa independientes, presentó denuncias penales contra dos periodistas, canceló la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales y expulsó del país a periodistas extranjeros y observadores internacionales de derechos humanos, agregó.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseveró que el presidente nicaragüense Daniel Ortega no ha mostrado el menor interés en que las víctimas de la represión policial y paramilitar durante las protestas de 2018 reciban justicia.
El informe, de 107 páginas, se realizó con base en investigaciones en Nicaragua y Costa Rica, un análisis de fuentes oficiales, incluidos expedientes judiciales y declaraciones de fuentes gubernamentales, así como pruebas que corroboran los abusos que incluyen fotografías, grabaciones de video e informes médicos.
La organización humanitaria entrevistó a 75 personas, incluidas víctimas y sus familiares, testigos, abogados defensores, profesionales médicos y representantes de organizaciones internacionales.
Concluyó que los policías y bandas armadas partidarias del gobierno infligieron graves abusos a los detenidos, que en algunos casos constituyeron torturas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar contra las reformas a la previsión social, que derivaron en manifestaciones antigubernamentales.
Según organismos humanitarios, la represión contra los manifestantes dejó un saldo de más de 300 muertos y más de dos mil heridos, así como unas 800 personas detenidas.
En marzo de 2019, el gobierno de Ortega aceptó liberar, dentro de los siguientes 90 días, -plazo que se cumplió la víspera- a quienes hubieran sido detenidos en el contexto de las protestas y a desistir de los cargos contra ellos.
Hasta el pasado 10 de junio, 392 personas habían sido excarceladas, pero muchas están bajo arresto domiciliario u otra medida cautelar y persisten los cargos en su contra.
A otros se les aplicó una ley de amnistía aprobada dos días antes para delitos cometidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno.
Sin embargo, para HRW existe el riesgo de que la ley se utilice para consolidar la impunidad de la que ya gozan los responsables de graves abusos ocurridos en el país.
Señaló que entre los funcionarios que tienen responsabilidad por gravísimas violaciones a los derechos humanos y deberían ser objeto de sanciones individuales, como la prohibición de ingreso a otros países y el congelamiento de activos, son el presidente Ortega, y la exdirectora de la Policía Nacional, la general retirada Aminta Granera.
También mencionó al actual director de la Policía Nacional, general Francisco Díaz; el subidrector e inspector general de la corporación, el general Ramón Avellán, y el general Jaime Vanegas, en forma respectiva; el jefe de la cárcel El Chipote, general Luis Pérez Olivas, y el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), general Justo Pastor Urbina.
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