La idea de "tercer país seguro" surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951.
Se refiere a que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones, pero no basta con tener buena voluntad para ser considerado tercer país seguro.
Según la Convención de Ginebra, hay condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder tener esa categoría.
La principal es garantizar que los solicitantes de asilo no van a ser retornados a su país de origen, de tal manera que se respeta el principio de "no devolución".
Además, el país así denominado, debe asegurar el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación y el derecho a la reunificación familiar.
Debe asegurar también que los solicitantes tienen un vínculo cercano con ese tercer país.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) subraya que un país solo puede transferir la responsabilidad de acogida a otro país seguro si ambos países tienen sistemas de asilo que cumplen los mismos estándares.
La aplicación del concepto está sujeta a la premisa de que el solicitante va a ser admitido en el tercer país. Si eso no ocurre, la persona debe tener acceso al proceso de asilo en su primer país de destino.
En teoría, ayuda a aliviar la carga de los países que reciben más solicitudes de asilo y redistribuye a los solicitantes de forma más equitativa entre distintos países.
Históricamente, el principio de tercer país seguro ha sido aplicado generalmente en el seno de la Unión Europea.
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