Tribunales estatales electorales no pueden desaparecer

Destacó que se deja de lado el camino andado en el cual se ha avanzado en temas tan importantes como el reemplazo al código federal de instituciones y procedimientos electorales por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que tiene aplicación tanto en elecciones  federales como estatales, con lo que se homologó las normas electorales y de partidos en el ámbito nacional.

Asimismo se incluyeron novedosas disposiciones en la ley general de partidos políticos a fin de moldearlos tanto en la rendición de cuentas, la elevación de la barrera electoral para mantener el registro; el conteo por partido político de los votos que reciben sus candidatos de una coalición; la reelección consecutiva de legisladores; presidentes municipales; regidores y síndicos; la reglamentación de candidaturas independientes; el fomento a la paridad de género en la representación política; el fortalecimiento de las acciones afirmativas; la homologación de normas  comiciales y de partidos de la Federación y de los estados de la república; entre otras muchas.

Pedroza Reyes indicó que todo esto demuestra que se ha avanzado en la  construcción de la democracia, sin olvidar que el 21 de agosto de 1996 se incorporó el Tribunal Electoral a la estructura del Poder Judicial, lo que ocurrió también en el ámbito local, igual que en el federal; luego en 2014 si bien los tribunales electorales locales se constituyeron en organismos autónomos, con una función específica de administrar justicia que es el fin supremo del Estado, y realizan una función que permite al estar en un ámbito local, una cercanía tanto física y funcional en todo el territorio, al desaparecer estos organismos se está dejando de lado que cada entidad federativa tiene sus particularidades, y sus formas de hacer política.

Finalmente apuntó que del total de asuntos que llegan a un Tribunal local, sólo el 30 por ciento son impugnados, es decir, que el 70 por ciento quedan resueltos desde lo local, estos datos permiten inferir que los tribunales electorales federales se verían rebasados por la carga que les ocasionaría resolver demandas locales.