Una treintena de personas fueron arrestadas por supuesta extracción ilegal de oro en un río de Bolivia, en un operativo de la autoridad minera, la Policía y las Fuerzas Armadas del país, informó este miércoles una fuente oficial.
La operación tuvo lugar el pasado martes en el río Madre de Dios de la región amazónica de Pando, en contra de "actividades mineras en áreas no autorizadas", según un comunicado de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia.
Un equipo de la autoridad minera, policías y militares detectó "de manera flagrante 30 dragas mediante las cuales se realizaba actividad minera ilegal en áreas no autorizadas, declaradas reserva fiscal", es decir, de competencia del Estado, indicó la AJAM.
Esta entidad, del Ministerio de Minería boliviano, denunció que "familiares de los aprehendidos y dirigentes de asociaciones ilegales" impidieron el traslado de los treinta arrestados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Cobija, capital de Pando.
"Un grupo de dirigentes de la Cooperativa Asobal y pobladores del municipio El Chive, a quienes se identificó como familiares de los aprehendidos, impidió el traslado", agregó.
La autoridad minera calificó a este grupo de "cómplices de esta actividad ilegal, con la agravante de que atacaron a técnicos de la AJAM, cuando realizaban el correspondiente operativo, razón por la cual la denuncia también será ampliada a estas personas".
"Los pobladores de El Chive cometieron destrozos a los vehículos de la AJAM, por lo que serán denunciados ante el Ministerio Público", añadió.
El operativo encontró oro, mercurio utilizado para extraer el mineral del río, armas de fuego y equipos de comunicación, indicó.
El mercurio se pega al oro para formar una masa que ayuda a separarlo de otros materiales, como roca o tierra, y se calienta para que se evapore el mercurio y quede el oro.
La AJAM presentó una denuncia ante la Fiscalía por supuesta explotación ilegal de oro, por lo que será el Ministerio Público el que investigue y en su caso formule una imputación formal contra los aprehendidos y sus supuestos cómplices.
La explotación de minerales sin autorización conlleva penas de cuatro a ocho años de cárcel en Bolivia y supone un quebranto económico al Estado, al eludir el pago de impuestos, y a las comunidades locales, ya que una parte del beneficio se destina para su desarrollo, de acuerdo con la entidad estatal.
Además, suele estar ligada a explotación laboral y provoca daños a la salud de la población y el medio ambiente, como en este caso la contaminación de ríos con mercurio.
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