ES DIFÍCIL ENCONTRAR EN LOS archivos del Congreso del Estado una respuesta como la que dio el Fiscal General del Estado a los legisladores que lo convocaron a “rendir cuentas” de su trabajo, alarmados como estaban de la situación de inseguridad y violencia que se expande por el territorio potosino casi sin sitios de excepción. No debe ser fácil asumir como propia la postura de uno de los poderes que conforman el gobierno del estado, ante los señalamientos que el funcionario calificó de “agravios” ocasionados por la falta de información ante un trabajo que el funcionario calificó de bueno en términos generales.
SUCEDE, PUES, QUE LA DIVISIÓN de poderes en el gobierno mexicano es una de las características que permiten suponer que entre los tres –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- comparten la hoy difícil tarea de gobernar un territorio como el nuestro, tan variado y tan distinto en cada una de las cuatro zonas, cuya configuración natural influye en el carácter de la gente que las habita. La disposición legal de los personajes que se ubican en cada uno de los tres poderes llega a rebasar los límites de la cordura y se introducen en situaciones de conflicto que llegan a “los agravios” como lo señaló el Fiscal General del Estado durante su comparecencia.
ES UNA SITUACIÓN REAL QUE LOS diputados piensen que los funcionarios de las dependencias del Poder Ejecutivo sean algo así como sus empleados y que cada uno debiera atender las indicaciones de los diputados integrantes de la comisión que se creó para atender las distintas áreas de la administración pública.
DICE EL FISCAL QUE SU SORPRESA fue que los legisladores no tuvieran en cuenta la posición de la fiscalía ante las realidades que nos rodean. Lo primero es que ninguno de los funcionarios del Ejecutivo depende de los legisladores y que estos, sin importar jerarquías, son merecedores del mayor de los respetos. Más allá de las cortesías que se deben entre los poderes del estado, subsiste la impresión de que los legisladores consideran una convocatoria a comparecer con una orden de rendición obligada de cuentas, sin importar los protocolos que deben existir para regular las funciones de cada uno de los poderes.
LA PRIMERA EQUIVOCACIÓN mayor de los legisladores es considerar que el Fiscal General del Estado es responsable de guardar la paz y la tranquilidad en el territorio del estado. Son los ayuntamientos quienes se deben responsabilizar de la tranquilidad en sus territorios municipales, a fin de que los habitantes estén en un marco de tranquilidad indispensable para hacer que los ciudadanos transiten en paz por cada uno de los pueblos y ciudades que están en sus respectivos territorios.
LA ACTUACIÓN DE UNA FISCALÍA no es equivalente a la prevención y reducción de los delitos, sino a la procuración de sanciones a los responsables de hechos que afectan la seguridad de las personas y el patrimonio de los habitantes del estado. Sin esa visión, los legisladores pueden salirse del marco que les corresponde y ciertamente pueden ser irrespetuosos de la personalidad de los funcionarios, independientemente de que sean capaces en mayor o menor medida.
DEL DISCURSO DEL ABOGADO Federico Garza Herrera se puede colegir que los legisladores rebasaron el marco de las funciones y responsabilidades de cada funcionario, para expresar juicios que agravian y lastiman a los funcionarios de esa que es una de las dependencias más importantes en este momento del estado.
EN EL MARCO DE FUNCIONES QUE tiene cada uno de los poderes del estado lo deseable es que su trato entre ellos sea cortés, jamás dar la impresión de que uno está por encima de los otros dos. En todo caso, del respeto nace la voluntad de coordinarse para que su funcionamiento sea el que aspiramos todos. Por lo demás, se acerca el tiempo de que la cultura legislativa reciba los impulsos que necesita y todavía espera.
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