La exalcaldesa de Lima Susana Villarán intenta eludir la prisión pedida en su contra por lavado de activos y otros delitos, al haber confesado en las últimas horas que sabía que las brasileñas Odebrecht y AOS aportaron cuatro millones de dólares a la campaña contra su revocación en 2013.
Después de negar que haya ingresado dinero sucio a la campaña en la cual promovió el NO a su revocatoria, Villarán admitió finalmente el "error" de haber buscado dinero de las empresas que tenían proyectos en curso en la municipalidad limeña.
La exalcaldesa (2011-2014) dijo el sábado, al canal Exitosa, que "sabía de los cuatro millones de dólares recibidos" de Odebrecht y de OAS para la financiación de la campaña contra su revocación, presuntamente impulsada por su antecesor y también exalcalde limeño Luis Castañeda Lossio.
Villarán agregó que no sabía, en ese entonces, "que había fondos ilegales de la Caja Dos o de Operaciones Estructuradas", tal como se denominaban las oficinas de OAS y Odebrecht destinadas a pagar los sobornos y coimas a políticos y funcionarios en varios países de la región.
La exautoridad municipal pidió perdón por no haber confesado antes, pero añadió que lo volvería a hacer "por el bienestar de la ciudad de Lima", lo cual generó más confusión y dudas sobre su arrepentimiento.
La declaración de Villarán contrasta con la actitud de la mayoría de exautoridades peruanas investigadas por el escándalo de sobornos de las empresas brasileñas, que han negado insistentemente que hayan incurrido en un delito, pero no la ha salvado de las críticas en el círculo político que demanda una sanción ejemplar contra ella.
El fiscal Carlos Puma le atribuye a Villarán los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión por presuntamente liderar una organización criminal destinada a recolectar dinero ilícito.
Mañana, el juez Jorge Chávez tendrá en sus manos el pedido del fiscal Puma para ordenar 36 meses de prisión preventiva contra Villarán, quien hasta hace poco seguía el proceso con comparecencia restringida.
Puma señaló en su pedido de prisión preventiva que Villarán recibió un total de 10 millones de dólares de ambas empresas porque, además de la campaña contra su revocatoria, la política izquierdista tentó la reelección en 2014 con un aporte adicional de OAS.
Mientras que el abogado Mario Amoretti opina que Villarán puede tener a su favor, en la audiencia de mañana, que está colaborando con la justicia y que no ha violado las reglas de conducta que le impusieron, el actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pide la "máxima pena" para ella con el fin de que esos delitos no se repitan.
La confesión de Villarán pudo haber estado motivada también por el hecho de que otros involucrados en este caso han comenzado a colaborar con la fiscalía, tal como asegura el diario El Comercio, con lo cual el cerco contra la exalcaldesa se hace más estrecho con el paso de las horas.
Además, en la primera acusación formal por el escándalo de sobornos en Perú, contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, la fiscalía ha pedido 20 años de cárcel y 26 años, respectivamente, por los delitos de lavado de activos, lo cual se convertirá en un referente para el resto de procesados.
Los legisladores peruanos se han mostrado implacables con Villarán y han lamentado su tardía confesión, que en su opinión sólo busca atenuar su sanción.
Richard Arce, del partido izquierdista Nuevo Perú, lamentó que no haya sido transparente en su momento y pidió que su caso sirva de lección a la clase política, "porque esto trasciende a la ideología, al color político, sea de derecho o de izquierda, los que están involucrados tendrán que responder ante la justicia".
El congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, dijo que si Villarán hubiera aceptado los hechos, el país se hubiera ahorrado mucho dinero en investigaciones, pero que su confesión ahora "está buscando algún tipo de beneficio que no conocemos en este momento".
En el mismo tenor, el legislador del partido Aprista, del expresidente Alan García, Mauricio Mulder, la acusó de mentir "descaradamente durante 4 años" y le restó validez a su confesión.
Hace menos de un mes, García se suicidó en su casa cuando un equipo de la fiscalía y de la Policía Nacional acudieron a detenerlo por el escándalo de sobornos de Odebrecht en su segundo gobierno (2006-2011).
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