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Impugnarán construcción de presa La Maroma

Lilia Quevedo | Plano Informativo | 21/04/2019 | 15:55

El equipo legal y técnico que asesora a ejidatarios de La Presa, Villa de Guadalupe, ha documentado que la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, no ha demostrado tener los permisos necesarios para el inicio del proyecto de la presa La Maroma.

 

El proyecto fue dictaminado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el año 2015 y se aprobó condicionado a la tramitación y obtención de permisos de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras, informó el asesor jurídico del ejido La Presa, Daniel Jacobo Marín.

 

El también investigador abundó que esos permisos son para remover conjetura vegetal en suelo forestal, extracción de materiales del arroyo El Jordán y el uso, transporte y detonación de explosivos.

 

"Esto último es preocupante, porque se han empleado explosivos de manera indiscriminada para la construcción de un camino, y han destruido una parte de la Sierra de Catorce, contaminando el líquido que corre aguas abajo".

 

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, el camino desde Los Chilares hasta Las Adjuntas es de 14.8 kilómetros

 

"Requerían cambiar el uso de suelo forestal para el camino de 28 hectáreas […] pero es difícil conocer con certeza cuánto han derribado, porque no se permite el acceso a las obras".

 

Aunque se desconoce el número exacto de familias que se verían perjudicadas por esta situación, la población ejidal es considerable, abundó Jacobo Marín.

 

"Varias comunidades que viven en las partes bajas y que dependen de esos arroyos. Es difícil decir un número de familias porque los trabajos continúan y seguramente las autoridades dirán que son minoría frente a los “beneficios" que traerá la obra".

 

En mayo habrá una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario, en un procedimiento donde se pretende anular una asamblea que aprobó la expropiación de tierras para el acueducto: "Se han aprovechado bastante de los ejidatarios, interviniendo sus órganos de representación".

 

La defensa que otorga la Comisión Estatal del Agua (CEA), es que este proyecto es sustentable, avalado por los pobladores del Altiplano y que beneficiaría el acceso del líquido para los habitantes de los principales municipios de esta zona desértica de San Luis Potosí.