Notimex.- Por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de incorporar a servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a leyes en esa materia.
El dictamen avalado que reforma los artículos 456 y 457 de dicha normativa establecen las sanciones a servidores públicos que cometan infracciones en materia electoral con amonestación pública y multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización.
Se agrava para quienes utilicen recursos públicos para presionar o coaccionar a los electores a fin de inducir el sentido del voto, quienes serán sujetos a una multa de entre cinco mil y 10 mil Unidades de Medida y actualización. En caso de reincidencia se constituye el doble de la multa originalmente impuesta.
Al fundamentar el dictamen, Rocío Barrera Badillo, de Morena, explicó que además se dispone que sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, los cuales estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que de la misma conducta deriven.
Al fijar su postura, el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aplaudió las reformas cuyo objetivo es establecer la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) sancione y multe a funcionarios.
Agregó que se prevé también para aquellos que ostentan un cargo de elección popular que realizan actos de propaganda en favor de un instituto político o candidato, que utilizan recursos públicos o violentan de cualquier manera la democracia mexicana.
Del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Arturo Espadas Galván sostuvo que su bancada está a favor de sancionar de manera eficaz a todos aquellos funcionarios que por cualquier motivo, a través de su actuación, desvíen recursos públicos desde su propio tiempo hasta recursos monetarios para beneficiar alguna campaña política.
El autor de la iniciativa, Pablo Gómez Álvarez, de Morena, precisó que hoy este proyecto tiene como propósito dejar atrás una impunidad inscrita en las leyes que este año cumplirá 30 años de haber sido introducida en la legislación electoral del país.
"Señores legisladores, si en algo nos pudimos unir, no es en la arqueología de lo que ha ocurrido antes, cada quien tiene sus versiones, sino de la tarea de desmontar la simulación, los privilegios y las impunidades", señaló.
Por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle señaló que a partir de esta reforma se establecen sanciones a los funcionarios que van desde la amonestación pública hasta la multa, y se agrava cuando se trata del uso de recursos públicos por la presión o coacción a los electores a efecto de inducir el sentido del voto.
Valentín Reyes López, de Morena, puntualizó que buscan que servidores sean ejemplo de decoro y dignidad para evitar que desde el cargo público que ostentan, afecten la equidad y regulen las elecciones.
Destacó que el dictamen precisa a los funcionarios como posibles infractores de las leyes electorales, a fin de establecer sanciones que van desde amonestación pública, hasta multas, con independencia de otras responsabilidades administrativas o penales.
En lo particular, los legisladores avalaron con 407 votos una reserva al Artículo 457 del dictamen para eliminar dos palabras que no son necesarias y que al desaparecer podrían garantizar que esta reforma no termine en impunidad.
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