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Marco legal resta autonomía a la Fiscalía General

Guillermo Luévano Bustamante, catedrático de la UASLP consideró que el hecho de que el fiscal sea designado por el Poder Ejecutivo y no por el Legislativo, le resta autonomía.

Lilia Quevedo | Plano Informativo | 19/03/2019 | 12:03
San Luis Potosí, SLP.- La designación plural del fiscal estatal, fue uno de los rezagos que dejó la Sexagésima Primera Legislatura, la cual no logró dotar de una completa autonomía a la Fiscalía General del Estado.

Los exdiputados Héctor Mendizábal Pérez, Esther Angélica Martínez Cárdenas y Juan Alejandro Méndez Zavala, presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, para cambiar el proceso de designación y remoción del fiscal general de San Luis Potosí.

En la iniciativa, se contemplaba que la sociedad civil presentaría un grupo de candidatos, los cuáles se debatirían en las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, posteriormente el ejecutivo escogería una terna y posteriormente se elegiría al nuevo fiscal en el Pleno del legislativo.

Dicha propuesta no prosperó y por tanto, le quitó la autonomía que requiere la FGE.

Guillermo Luévano Bustamante, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), consideró que el hecho de que el fiscal sea designado por el Poder Ejecutivo y no por el Legislativo, le resta autonomía a lo que era anteriormente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 

El académico consideró que se debe de revertir el proceso de selección, es decir, que el Congreso presente la terna y que posteriormente el Gobierno, escoja al fiscal.

Esta adecuación, garantizaría una mayor pluralidad en los perfiles presentados y evitaría el sesgo en las investigaciones por los intereses políticos.

"La expectativa era que las leyes locales, pudieran asegurar mayor autonomía de la Fiscalía, de qué manera, pues al menos invirtiendo el orden […] que la persona que está al frente de la Fiscalía tenga mayor libertad en la persecución de los delitos, en virtud de que una de las críticas principales hacia las procuradurías y para lo que se supone crearon fiscalías, es para que el ejecutivo tuviera menos injerencia en cuestión de delitos, sobre todo de carácter político y que fuera un órgano más autónomo y además con carácter más judicial y jurídico que político", agregó el especialista.

Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, reconoció que una de las reformas que se requieren para alcanzar la autonomía y que no se ha hecho, tiene que ver con las Fiscalías Especializadas, ya que actualmente se indica que los fiscales serán nombrados y removidos por el fiscal general y en el caso de la remoción si podrán ser objetados por el Senado por una mayoría de dos terceras partes, en términos prácticos no objetables, lo que también deja mucho que desear de una administración que tiene como estandarte la transparencia, legalidad y cero impunidad.

“Claramente no existe la autonomía del órgano judicial para emitir y tomar decisiones en los casos sometidos a su competencia, ya que están dejando muchos hilos sueltos como que el Órgano Interno de Control no puede intervenir en asuntos sustantivos de la dependencia, incluso se han reportado fallas en el capítulo 10 del Código Penal que abre la puerta a la corrupción, no se garantiza el Servicio Civil de Carrera, todo ello hace inoperable lo que actualmente se maneja a nivel nacional”.

Por su parte, el diputado Martín Juárez Córdova,  presidente de la Comisión de Gobernación, señaló que la FGE ya es un órgano constitucionalmente autónomo y explicó que esto se encuentra previsto en el artículo 122 bis de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

"El artículo dice que el Ministerio Público se organizará en Fiscalía General del Estado, como órgano público, dotado de personalidad jurídica, con patrimonio propio, así como de autonomía presupuestal, técnica y de gestión, es decir, no depende de nadie, la Fiscalía tiene este marco", justificó. 

 

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