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En medio de las negociaciones, Ortega caza a 164 disidentes

Agencia | 18/03/2019 | 11:27

Las negociaciones que buscan terminar con 11 meses de violencia política en Nicaragua están en riesgo de entrar en un nuevo estancamiento o, peor aún, volver a la ruptura, luego de que el presidente Daniel Ortega ordenara el uso de la fuerza pública en contra de una movilización del opositor movimiento Azul y Blanco, el fin de semana en Managua, donde al menos 164 personas que participaron fueron llevadas a prisión por elementos de la Policía Nacional, un día después de que, en un gesto de “buena voluntad”, el régimen liberara a 100 presos políticos, en el marco de las mesas de diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
 
En un comunicado oficial, la Policía aseguró que los detenidos eran 107 y no 164, como denunció la Alianza; el régimen justificó sus acciones en virtud del “resguardo de la seguridad y los derechos de la ciudadanía”.
 
Julio López, esposo de la exguerrillera Mónica Baltodano, capturada el pasado sábado, dijo al diario local La Prensa que, ante la convocatoria a la marcha pacífica, Daniel Ortega “soltó a la Policía como si fueran perros de caza a capturar a ciudadanos indefensos” que salieron a manifestarse.
 
En respuesta a las protestas de ayer, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua exigió a las autoridades que “cesen inmediatamente el uso de la fuerza excesiva, tanto contra los manifestantes como contra la prensa que está ejerciendo su libertad”.
 
“En lugar de apoyar el diálogo, como dice, la primera reacción del régimen de Ortega es la de encarcelar a manifestantes y periodistas. Las voces de la democracia nunca serán silenciadas con estas tácticas burdas y brutales. El mundo está prestando atención”, escribió la diplomacia estadounidense en su cuenta de Twitter.
 
El impasse en el que se encuentra la mesa de negociaciones que iniciaron gobierno y oposición hace un par de semanas, se ha “agravado en definitiva”, según el negociador de la Alianza, José Pallais, pues una de las principales exigencias de la oposición radica en la libertad de los nicaragüenses para expresar sus inconformidades sin ser reprendidos por la fuerza pública.
 
El diálogo se retomó la semana pasada, justo a partir de la liberación de los 100 detenidos, incluso a pesar de que el gobierno se negara a una excarcelación absoluta, de los 570 presos que reclaman movimientos opositores.
 
Entre los detenidos, según La Prensa, se encuentra el exministro de Educación, Humberto Belli y dos importantes miembros de la Alianza, Azahalea Solís y Max Jerez, víctimas, según el negociador de la Alianza, Carlos Tünnermann, de ”una represión desproporcionada que ha puesto en alto riesgo la continuidad del proceso de negociación que el mismo Ortega ha convocado”; así lo expresó en declaraciones a El Nuevo Diario.
 
La crisis estalló en abril de 2018, con protestas por una polémica reforma al sistema de seguridad social; las movilizaciones crecieron rápidamente hasta el punto de exigir la ”democratización” de Nicaragua y la renuncia del presidente, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus 15 años de gobierno.
 
Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna recomendaron, en un informe, juzgar al presidente nicaragüense por crímenes de lesa humanidad.
 
El líder sandinista ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El pasado febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones, sin éxito.