Ante el incremento de violencia en el estado mexicano de Guanajuato derivado del combate al robo de combustible, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez pidió este martes al secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo, que envíe al menos 1.000 policías y militares al municipio de Salamanca.
El 6 de febrero Durazo anunció el despliegue permanente de 10.200 elementos de las fuerzas federales para combatir la inseguridad en 17 regiones violentas del país. Para las ciudades guanajuatenses de Irapuato, Salamanca, Uriangato y Celaya estaban anunciados 2.400 agentes (600 por localidad).
"De los más de 2.000 elementos que el secretario Durazo anunció, ojalá manden 1.000 a Salamanca", uno de los municipios más violentos del país, dijo Rodríguez, quien detalló que actualmente esta ciudad, donde se ubica la principal refinería petrolera del centro del país, es vigilada por 300 agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) ya que el municipio no cuenta con policía municipal.
La violencia en esta región se recrudeció la madrugada del sábado cuando un comando de siete encapuchados irrumpió en un bar de Salamanca para robar y asesinar a tiros a 15 personas.
Hoy el gobernador informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a 14 víctimas, todas pertenecientes al Cártel Jalisco Nuevo Generación y habrían sido atacados por integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima y no a la inversa, como originalmente habían dado a conocer.
El domingo pasado, la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, hizo un llamado al Gobierno del estado "a trabajar sin descanso para recuperar la seguridad".
En respuesta, Rodríguez urgió hoy a la alcaldesa a firmar el convenio del Mando Único para que la policía estatal vigile la ciudad o de lo contrario podrían perder 14 millones de pesos (724.638 dólares) destinados a la seguridad del municipio.
Rodrígez reprochó también que el Gobierno federal no haya fincado cargos contra la operadora financiera del Cártel Santa Rosa de Lima, detenida en un operativo conjunto con la Armada el 5 de marzo, lo que permitió que la mujer quedara en libertad pues solo se le acusó por el delito de portación de arma y aún no entra en vigor la recién aprobada ley que la mantendría en prisión preventiva por este cargo.
"Yo hablé con el secretario Durazo y le hice saber de la molestia del estado de esta liberación, porque aquí nosotros estamos trabajando fuerte para devolver la paz y la tranquilidad deteniendo objetivos, y que se liberen así de fácil no nos parece justo", lamentó el gobernador.
La mujer fue detenida cuando intentaba escapar del poblado Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, en compañía de su pareja, un policía federal en activo, luego de que el pueblo fue tomado por 1.000 elementos de las fuerzas federales que perseguían a José Antonio Yépez "El Marro", presunto líder del cartel de huachicoleros (ladrones de combustible) más importante de la región.
Tras la detención, reveló el gobernador, se pidió a la Fiscalía General de la República que dictara una medida precautoria para fincarle responsabilidades por delitos federales, ya que se trataba de la operadora financiera del cártel Santa Rosa de Lima.
"Es lamentable que la hayan liberado y así se lo hice saber al secretario Durazo", reiteró el gobernador.
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