La eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) generaría una afectación directa a los derechos de las personas de este sector de la población, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante ello, dirigió un oficio al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, en el que hizo siete consideraciones con relación a los recientes anuncios sobre la posible desaparición del Conadis.
La CNDH resaltó que, históricamente, las personas con discapacidad han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad, lo que les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población.
Mediante un comunicado, destacó la importancia que tiene esa instancia como mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de las medidas relativas a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención).
Consideró que lejos de suprimir a esa instancia, el gobierno federal debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales.
Además, que asesore a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención de las personas con discapacidad, ello, con un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos, así como evaluar la política pública en la materia.
La comisión indicó que al haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado mexicano adquirió el compromiso de proteger, promover y asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para lograr su plena inclusión en la sociedad.
La Convención establece en su artículo cuarto los compromisos que deberán asumir los Estados, a fin de garantizar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad sin discriminación alguna.
Entre otros, adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos y tener en cuenta, en las políticas y los programas, la protección y promoción de sus derechos humanos.
También llama a abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.
El gobierno de México dio a conocer a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, en su calidad de Secretariado del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que había designado al Conadis como mecanismo gubernamental de coordinación para facilitar la adopción de medidas relativas a la aplicación de la Convención.
"Este organismo nacional considera que en caso de desaparecer el Conadis se estarían incumpliendo las obligaciones internacionales contraídas, y si otra instancia la sustituyera, tendría que asumir las mismas funciones de mecanismo de coordinación", acotó la CNDH.
Refirió que también se tendría que comunicar el cambio de manera oficial al Secretariado del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El 20 de febrero, el Consejo Consultivo de la CNDH, mediante pronunciamiento público, externó su preocupación por las disposiciones operativas y medidas administrativas anunciadas con relación al Conadis, debido a una eventual desaparición o recorte presupuestal a este último, lo que generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad.
Dijo que si las causas de las medidas anunciadas eran presuntos actos de corrupción, desvío o uso indebido de los recursos públicos, o la ineficacia o falta de efectividad de los programas que implementan, el gobierno federal puede realizar diagnósticos para verificar si son esos u otros de los problemas que inciden en su desempeño.
A partir de ello, se podrían adoptar medidas de control, fiscalización, auditoría y transparencia del ejercicio presupuestal, además de investigar y sancionar los casos en los que se acredite el incumplimiento de obligaciones legales.
En consecuencia, el Consejo Consultivo de la CNDH exhortó a las secretarías de Bienestar, y de Hacienda y Crédito Público, para que la revisión de las estructuras administrativas que realicen se efectúe con enfoque de derechos, de género, ciclo de vida y transversalidad.
También coincidió en que la desaparición del Conadis daría lugar a que el Estado mexicano incumpliera la obligación contenida en el numeral uno del artículo 33 de la citada Convención.
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