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Notimex | 21/02/2019 | 01:10
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a reemplazar 22 kilómetros de la barrera fronteriza en San Diego, que llevará una placa en la parte alta para dificultar cualquier intento de escalarla, dijo hoy la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El tramo, financiado con presupuesto del año fiscal 2018, se extenderá a una zona al este de la Mesa de Otay, en San Diego, donde se construyeron los ocho prototipos del muro fronterizo que quiere el gobierno de Trump, informó la cadena Univisión.
La construcción de los 22 kilómetros de barda secundaria, que incluye la sustitución de la existente, se produce después de que el gobierno de Trump anunciara que ignorará disposiciones ambientales para acelerar dicho proyecto.
"Estas dos importantes barreras, en combinación con caminos para patrullaje y tecnología, crean una zona de resguardo para la Patrulla Fronteriza como parte del sistema de muro fronterizo", dijo la CBP en un comunicado.
La dependencia explicó que esta estrategia ha ayudado a "reducir de forma significativa los cruces ilegales en el sector de San Diego".
La nueva barda, con una altura de 30 pies (unos nueve metros), consiste en una barrera de bolardo que permite la visibilidad entre los dos lados de la frontera, y además cuenta con una placa en la parte superior, para que sea difícil de escalar.
La compañía SLSCO Ltd., de Galveston, Texas, obtuvo el contrato de 101 millones de dólares en diciembre, con opciones para 30 millones más.
Los bolardos reemplazan una segunda barrera de acero corrugado construida en la década de 1990, que en la actualidad es perforada con frecuencia con sierras eléctricas que se encuentran a la venta en tiendas de artículos para el hogar.
El estado de California y grupos ambientalistas han presentado demandas judiciales contra los proyectos de muros en el estado, alegando que la Casa Blanca se extralimitó cuando prescindió de las revisiones ambientales con tal de agilizar la construcción.
La semana pasada, una corte federal de apelaciones refrendó la decisión de un juez que respaldó al presidente.
La construcción comenzó tres días después de que Trump declaró una emergencia nacional para erigir el muro en la frontera con México, prometido en la campaña electoral de 2016, y que también ha sido impugnada ante los tribunales por gobiernos estatales y hoy por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU).
