La iniciativa propuesta por diputados de Morena a la Ley Pemex propone centralizar el poder en el director general Octavio Romero Oropeza, amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y cuestionado por su capacidad para el cargo, por encima del Consejo de Administración, que vigila que la petrolera cumpla con los objetivos para mayor eficiencia, plantearon consultores del sector energético.
Este proyecto, alertaron los especialistas –entre los que destacan ex funcionarios públicos–, incrementa la interferencia política en los procesos de toma de decisión, reduce los contrapesos al interior de la empresa y no inhibe los riesgos de corrupción.
El Consejo de Administración ha estado sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo y, en especial, de los secretarios de Energía y de Hacienda en sexenios anteriores, pero esta propuesta empeora el panorama de una buena gobernabilidad corporativa, dijeron.
Rosanety Barrios, ex titular de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía (Sener), explicó que en la distribución de poderes de Pemex van primero los accionistas, es decir, los mexicanos; luego la administración interna representada por el Director General y al final el Consejo de Administración.
El pasado 9 de enero la reforma a la Ley Pemex fue presentada por el grupo parlamentario de Morena y turnada a la Comisión de Energía, presidida por el Diputado Manuel Rodríguez González de Morena.
“México Evalúa hace un respetuoso, pero enérgico llamado a los legisladores para que hagan la discusión de la propuesta actual de manera pública y plural. Tenemos que discutir el futuro de Pemex y nosotros, sus accionistas, debemos de estar involucrados”, dijo en conferencia de prensa Edna Jaime, directora del think tank.
“Esa iniciativa modifica sustancialmente los objetivos y la conformación del órgano de gobierno de Pemex, concentra las decisiones en una sola figura, afecta los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, excluye a la sociedad de la toma de decisiones. Al bajar la calificación crediticia de Pemex, Fitch Ratings señaló el riesgo que representa esta propuesta legislativa, ya que incrementa el poder que ejerce el Ejecutivo sobre la compañía, declinando así su gobierno corporativo”, argumentó.
La ex funcionaria de la Sener, Rosanety Barrios, agregó que esta iniciativa de Morena no plantea un mecanismo que obligue al Consejo a rendir cuentas y no hay en ningún lado el requisito del perfil del Director general.
Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy, coincidió en que en sexenios pasados el Consejo de Administración de Pemex se ha manejado “bajo la voluntad” del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda y de Energía, por lo que la propuesta de concentrar las decisiones en el Director “no la espanta”.
“Qué tan independientes son los ex consejeros del sexenio de Peña. No solo no han sido independientes, sino que han sido notoriamente inútiles. No los he visto hacer nada desde que fueron nombrados hace seis años […] Pudo haber sido un sexenio muy rico en discusiones dentro del Consejo de Administración”, afirmó.
“Que haya una Ley que proponga consejeros independientes me parece fantástico, pero como es un nombramiento presidencial y sesionan con Hacienda, no conozco a alguien que se vaya a pelear con el Secretario de Hacienda”.
aul Sánchez Campos, Ombudsman Energía México, determinó que el combate a la corrupción no es a través de una estructura donde el Director General tenga más poder.
Para el consultor en energía Gonzalo Monroy, director de GMEC, la iniciativa a la Ley de Pemex dice básicamente que el Director General ya no le tiene que informar al Presidente de la República ni al Consejo acerca de algunas deficiencias que tenga en sus tomas de decisiones.
“Si se equivoca no tiene que decirle a nadie”, interpretó. “Cuando no hay contrapeso se abre la caja de Pandora […] Tenemos una toma de decisiones al interior que no favorecen los mejores resultados de Pemex al buscar opciones ser técnicamente viable”.
Cartocrítica además resaltó que una reforma a Pemex debe considerar una perspectiva ambiental y social en cuanto a afectaciones a comunidades.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, aseveró que si una de las prioridades de esta administración es fortalecer a Pemex, el centro de la discusión debe estar en cómo hacerla sostenible y cómo mejorar su gobierno corporativo.
Esta mañana México Evalúa presentó el Índice de Transparencia de Empresas Productivas del Estado (IT-EPEs) que revela que la calidad de información corporativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es “insuficiente”.
María Fernanda Ballesteros, coordinadora del área de regulación y competencia del think tank, expuso que en general menos del 60 por ciento de información de ambas empresas públicas energéticas tiene calidad de difusión sobre objetivos, responsabilidad corporativa y decisiones del Consejo de Administración.
De seis puntos de transparencia en práctica corporativa, los datos públicos de Pemex y CFE insuficientes en ambas compañías son difusión de resultados, control interno y dentro del Consejo de Administración.
Ballesteros también destacó que de todas las variables analizadas, solo 28 por ciento de Pemex y 22 por ciento de CFE registraron una buena o excelente práctica de transparencia corporativa, y el 24 por ciento en ambos casos recibieron cero por ciento de calificación al no difundir datos.
En el caso de Pemex, detalla el índice, no se difunden de forma accesible las directrices, políticas, lineamientos que ha emitido el Consejo de Administración, pues no se encuentran en normateca, ni en el portal del Consejo, sino únicamente como anexos de las sesiones de Consejos en las que se votaron, por lo que es difícil conocer la totalidad de lineamientos que existen.
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