Miguel Angel Guerrero | 13/02/2019 | 00:11
A pesar de que la mayor parte de los delitos relacionados con el crimen organizado que se comenten en San Luis Potosí son de competencia federal es hora que las corporaciones policiacas de esa instancia no se dejan sentir en su combate en un claro indicativo de que SLP no parece ser parte importante en sus estrategias de seguridad.
Más diluida se percibe la labor federal en ese sentido a partir de que la responsable de hacerlo es la ahora fiscalía general de la república que vendrá a suplir a la antes denominada delegación estatal de la PGR cuyos agentes de vez en cuando demostraban la intención de desquitar el sueldo deteniendo ocasionalmente a narcos de poca monta o cumplimentando órdenes de aprehensión de asuntos menores, pero haciéndose notar con algo.
Este distanciamiento de la corporación federal con mandos civiles viene a darse cuando el estado requiere de mayores esfuerzos para el abatimiento de los delitos federales pues, incluso, ni la policía federal ha ofrecido muestras de su contribución en este sentido toda vez
que ya ni en sus patrullajes por las carreteras del estado últimamente han encontrado traslados de drogas o delincuentes relacionados con ilícitos de ese tipo lo que contrasta con el hecho de que mejor lo han hecho agentes preventivos municipales al detener hace días gente con estupefacientes pese a que aquellos siempre los han visto por encima del hombro.
Durante su sexenio Marcelo de los Santos no se cansó de acotar hasta el cansancio cuando se registraba un delito de competencia federal que a esta instancia correspondía atenderlo lo que, evidentemente no logró penetrar el cuero duro de los altos mandos en atención a que continuaron dejando al estado en el abandono en lo que a participar en el combate a los delitos del crimen organizado se refiere.
Así entonces, tal y como ocurrió en el tiempo de MSF y ahora en el régimen de Juan Manuel Carreras López la única alternativa de posible efectividad para cubrir el hueco dejado por la inoperatividad de la corporación federal es la de recurrir al apoyo del ejército pues cuando menos ya se tiene el argumento para solicitarlo con la queja de que San Luis Potosí ya no cuenta con delegación de la PGR y la de la FGR no ha llegado, el caso
es llenar los espacios por donde hace agua la seguridad pública y nada mejor que hacerlo con elementos militares como está probado.
CABOS SUELTOS
Por lo que respecta del manejo de los fondos estatales, la Fiscalía General del Estado prácticamente descartó la presencia de irregularidades durante la administración municipal anterior que encabezó Ricardo Gallardo Juárez y en particular la ausencia de delito que perseguir en la denuncia por la compra de medicamentos a la proveedora Sandra Sánchez Ruiz, lo que viene a desactivar a los grupos y políticos que habían acostumbrado el manejo de cualquiera de esos temas para atraer los reflectores mediáticos o para atacar al jefe de la gallardía ahora nomás falta por ver si por el lado de la fiscalización del uso de los recursos federales corre con igual suerte o con asuntos tan espinosos como el de la modernización de la avenida Fray Diego de la Magdalena de la que ya se pagaron varios millones de pesos, pero ahí la lleva. El flamante secretario de finanzas Daniel Pedroza Gaitán ya marcó la línea de que habrá un mayor control en el gasto operativo, el de servicios personales y el gasto corriente como para
frenar cualquier intento de los funcionarios de pasarse de listos hacer favores indebidos o colocar a los cuates en perjuicio del erario.