La trayectoria del polémico avión presidencial está marcado por sus lujos, excesos, desperfectos y el endeudamiento innecesario del Gobierno federal.
Todo inició en julio de 2012, cuando la Sedena pretendió gastar 9 mil 840 millones de pesos en la compra y mantenimiento del nuevo avión presidencial para vuelos trasatlánticos.
La compra del avión implicaba un gasto de 8 mil 669 millones de pesos más mil 170 millones 378 mil por concepto de mantenimiento.
Eso quería gastar el Gobierno federal a pesar de que –en ese entonces– el presidente Felipe Calderón realizaba vuelos trasatlánticos, en promedio, cada dos meses y medio.
En diciembre de 2012, la Sedena oficializó la compra del nuevo avión presidencial y presupuestó 6 mil 308 millones para adquirirlo mediante un arrendamiento a 15 años.
En junio de 2014, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se dispuso a invertir casi mil millones de pesos para modernizar y ampliar las instalaciones del hangar presidencial.
La remodelación era necesaria para recibir el nuevo avión presidencial TP-01, un Boeing 787 Dreamliner con características especiales.
Entre estas, que posee 66 asientos con acabados de lujo, un cubículo de descanso para el Mandatario con un escritorio, un sillón, una caminadora y un baño completo.
En febrero de 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó varias irregularidades en el proceso de compra del avión presidencial y advirtió que la Sedena no acreditó que este hubiese sido la mejor opción.
PURAS FALLAS
En julio de 2018, el nuevo avión presidencial había sufrido una falla que se detectó horas antes de que Peña Nieto viajara a Puerto Vallarta para la inauguración de la Cumbre de la Alianza del Pacífico.
En septiembre de ese mismo año por segunda ocasión en menos de dos meses, el avión presidencial dejó varado en Nueva York al Mantadario federal.
DESPILFARRO
En julio de 2018, una vez celebrada la elección, el equipo de Andrés Manuel López Obrador dijo que vender el avión presidencial, comprado por la gestión de Calderón y estrenado por Peña Nieto, reportaría ganancias a la actual Administración federal.
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo que esa venta podría redituar en ganancias.
En febrero de este año, se publicó que el Gobierno actual seguirá pagando en 2019 el arrendamiento financiero del avión presidencial, que desde diciembre está “almacenado” en un hangar en California, Estados Unidos.
El Presupuesto de Egresos de este año asigna 416.9 millones de pesos a la Sedena para continuar con el proyecto de inversión iniciado en 2012.
La Sedena debe seguir pagando con recursos del erario las mensualidades del arrendamiento financiero a 15 años pactado con Banobras.
nacionales
