El diputado sandinista Jacinto Suárez afirmó hoy que el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega no entregará al próximo gobierno salvadoreño al exmandatario Mauricio Funes, bajo el argumento de que es un asilado político y por tanto protegido por el régimen.
El diputado sandinista Jacinto Suárez aseguró que no entregarán a Mauricio Funes si se lo pide el nuevo gobierno que en junio presidirá Nayib Bukele, según publicó La Prensa, de Nicaragua.
"No hay razón para que se le pueda entregar (a El Salvador), ya tiene un estatus de asilado político (y eso) lo protege de cualquier solicitud de extradición”, afirmó el diputado orteguista.
Suarez Obregón es Secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y uno de los pocos viejos cuadros del partido que todavía acompaña al presidente Daniel Ortega en el gobierno.
Suárez y Ortega son, además, amigos: crecieron en el mismo barrio de Managua y pasaron siete años presos en la misma celda -de 1967 a 1974- por su participación en la lucha para derrocar al gobierno de Anastasio Somoza.
El martes Funes dijo no preocuparse si El Salvador pide su extradición. “Me tiene sin cuidado la posición de Nayib y su próximo gobierno sobre mi asilo en Nicaragua” y tildo de “ignorantes” a quienes creen que su extradición la decide un Estado que la pide. Es Ortega y no Nayib el que debe decidir”, dijo el exmandatario salvadoreño.
Funes recibió un asilo exprés por el gobierno de Ortega en septiembre de 2016, beneficio que abarca a su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán, el hijo de ambos, y otros dos hijos de matrimonios anteriores: Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Funes Velasco. Todos tienen orden de captura excepto el hijo de Guzmán y Funes.
Suárez también descartó que el régimen cancele el asilo político y extradite a Funes a El Salvador como una muestra de querer tener buenas relaciones con Bukele, que ha rechazado la dictadura en Nicaragua y cuyo respaldo será fundamental en los foros internacionales donde se aborda la crisis de derechos humanos y de democracia en Nicaragua”.
Funes ha alegado que es un perseguido político, pero en realidad él es reclamado por tribunales salvadoreños por supuestos delitos de corrupción y la petición para su extradición sigue en estudio en la Corte Suprema de Justicia.
Hasta la fecha acumula cuatro órdenes de captura internacional por delitos como lavado de dinero, peculado, cohecho activo (soborno), instigación al peculado y agrupaciones ilícitas, publicó elsalvador.com.
Según las acusaciones que le ha hecho la Fiscalía y que los tribunales correspondientes han admitido y decretado prisión para el exmandatario salvadoreño, su pareja actual Ada Mitchell Guzmán, están relacionadas con la presunta extracción de 351 millones de dólares de las arcas del Estado a través de la partida de gastos reservados o partida secreta.
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