El Diagnóstico Sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Estado, señaló que San Luis Potosí se encuentra en el grupo de entidades con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) junto con Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo.
El estudio, a cargo del Laboratorio de Cohesión Social II, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexid), señaló que la gestión de recursos y programas en materia de salud, ha sido deficiente.
El goce al grado máximo de salud, a la salud física y mental, así como a un medio ambiente sano, forma parte de los derechos que acompañan a todo ser humano de conformidad con una amplia gama de ordenamientos legales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce el Derecho Humano a la Salud en su artículo 4, al señalar que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
Los despidos por la aparente crisis que vive el Sector Salud, así como la suspensión de servicios médicos indispensables para algunos sectores de la población, vulneran uno de los derechos humanos primordiales para generar un mayor IDH.
El estudio claramente dice que "Disminuye el número de prestadores de servicios médicos en toda la entidad y afecta la economía de todas las personas que, ante la falta de apoyo económico, deben pagar por su propia cuenta los servicios médicos que en un principio, son cubiertos por el programa de Seguro Popular".
Otro de los problemas que manchan el desempeño del cuidado de los derechos humanos del sector salud potosino, es la discriminación denunciada en las instituciones.
Asimismo, se plasmó en el estudio que hay una ausente perspectiva de género en los programas de educación sexual y prevención de embarazos, "donde en lugar de proporcionar condones para hombres y mujeres por igual, únicamente se reparten condones para hombres, mientras que a las mujeres se les proporcionan métodos hormonales, los cuales pueden provocar alteraciones en la salud de las usuarias, situación que se puede solucionar proporcionando por igual los métodos anticonceptivos".
Las conclusiones de este capítulo señalan que las deficiencias radican en la falta de desarrollo de indicadores que permitan medir el acceso a la salud y la eficacia de los programas y acciones vigentes en la entidad y políticas públicas en materia de adicciones, salud sexual y reproductiva y combate a la discriminación en los Centros de Salud.
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