Francia empezará a cobrar una tasa a los gigantes de internet llamados GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon y otras empresas) a partir del 1 de enero sin esperar que la Unión Europea adopte una norma, anunció este lunes el ministro de Finanzas Bruno Le Maire.
El funcionario señaló que el impuesto no se limitará a la facturación prevista en la directiva europea sino que se ampliará a los "ingresos por publicidad, plataformas digitales y reventa de datos personales".
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"La tasa se aplicará a partir del 1 de enero de 2019 y por el conjunto del año 2019 por un monto que evaluamos en 500 millones de euros", afirmó Le Maire en una rueda de prensa en París junto al ministro de Desarrollo ruso, Maxim Oreschkin.
Esta medida "podría ser introducida en la ley pacto" aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional, que será presentada al Senado a principios del año próximo.
"Es una posibilidad, pero tampoco es la única", explicó.
En cuanto a los impuestos europeos, Le Maire no se da por vencido y espera que se adopte en marzo una directiva "por unanimidad", que Francia ha defendido hasta ahora sin éxito en la Unión Europea (UE).
El escándalo de Cambridge Analytica y los comicios en Brasil y EE. UU. redoblaron este 2018 la presión sobre Google, Facebook, Twitter y otras tecnológicas para que protejan la privacidad de sus usuarios y para que limiten el tipo de contenidos que se pueden publicar online.
Aunque ya hacía tiempo que se escuchaba la necesidad de apostar por una mayor regulación de internet, los pasados doce meses resultaron clave para convencer a los principales actores políticos y sociales que seguían dubitativos, así como a los mismos protagonistas de la industria tecnológica.
La gran "bomba" detonó en marzo, cuando se reveló que la consultora británica Cambridge Analytica (que cerró dos meses después a raíz de esta crisis) utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de usuarios de Facebook sin su consentimiento con fines políticos.
La empresa se había servido de datos de la red social más utilizada del mundo para elaborar perfiles psicológicos de votantes que supuestamente vendieron, entre otros, a la campaña del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, durante las elecciones de 2016.
El escándalo fue mayúsculo: las acciones de Facebook se desplomaron en la bolsa, el consejero delegado de la empresa, Mark Zuckerberg, tuvo que pedir disculpas públicamente y comparecer en el Congreso de EE. UU., y representantes políticos en varias partes del mundo alertaron sobre la necesidad inmediata de regulación.
Apenas dos meses después, el 25 de mayo, entró en efecto el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, más conocido por sus siglas en inglés GDPR, orientado a poner al día la legislación europea sobre la materia, buscando dar al usuario una participación activa sobre quién tiene o qué se hace con sus datos.
La norma es de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, por lo que las empresas pueden ser sancionadas si la incumplen. Entre otras cosas, la normativa introdujo conceptos como el llamado "derecho al olvido", es decir, que una plataforma esté obligada a eliminar todos los datos que guarda de un usuario si este lo solicita.
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