Manuel Velasco terminó su administración como gobernador de Chiapas el pasado 8 de diciembre, sin embargo, previo a ello se asignó un equipo de seguridad por 15 años.
Bajo el alegato de “por los servicios prestados al Estado”, el exgobernador justificó la medida de protección que dispone desde el término de su mandato.
En el decreto 223, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de julio de 2017, beneficia de igual forma al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública,.
La misión de la seguridad de los exfuncionarios está a cargo de la policía, sin embargo el documento no define el número de elementos y sólo menciona que “serán los necesarios”.
El pago de la seguridad para los extitulares corre a cargo de la Secretaría de Hacienda estatal, ya que, de acuerdo con el documento en su artículo segundo transitorio enuncia que dicha dependencia, “deberá considerar en su propuesta del Presupuesto de Egresos de cada año una partida donde se asignen recursos para este concepto”.
El ordenamiento justifica el dispositivo de seguridad para los ex servidores públicos por “la responsabilidad que representa la titularidad del Poder Ejecutivo, del fiscal General de Justicia del estado y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”.
En medio de un discurso de austeridad enunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó en conferencia de prensa qué opinión le merecía la medida de Velasco.
“No tengo información sobre lo de Chiapas y es un asunto de estado. De ser cierto, es un exceso que no debe permitirse. Sin embargo, eso corresponde al gobierno libre y soberano de Chiapas.”, declaró el Ejecutivo.
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