El pasado 7 de diciembre, el Senado australiano aprobaba la Ley de Asistencia y Acceso por la que se obliga a las proveedoras de comunicaciones, como WhatsApp y Facebook, a desarrollar un funcionalidad que permita a la Policía y servicios secretos del país acceder a los datos personales de usuarios, incluidas las comunicaciones encriptadas. Algo que ha puesto en pie de guerra a las compañías tecnológicas.
Ante la avalancha de críticas de Apple, Microsoft o Google, entre otros, las autoridades del país se han excusado en que esta ley podría ayudar a prevenir los atentados terroristas y a combatir el crimen organizado. Sin embargo, desde la coalición de empresas tecnológicas Reform Government Surveillance (RGS) aseguran que esta normativa socava la seguridad cibernética, los derechos humanos y el derecho a la privacidad de los usuarios.
“La nueva ley australiana es profundamente defectuosa, demasiado amplia y carece de herramientas de control independientes sobre estas nuevas facultades”, han asegurado a través de un documento. Por ello, instan al Parlamento australiano a ratificar estas deficiencias de la ley.
Esta nueva normativa, además, podría servir de precedente para que otros países elaboraran legislaciones semejantes. En España, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, que entró en vigor también el 7 de diciembre, los partidos políticos pueden recopilar datos y crear perfiles de los ciudadanos a partir de su identidad en la red.
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