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Notimex | 20/11/2018 | 10:00
La vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, propuso inhabilitar por 20 años para la contratación con el Estado a todas las empresas y consorcios que hicieron alianzas con la multinacional Odebrecht, acusada del mayor escándalo de corrupción en América Latina.
La vicepresidenta y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Camilo Gómez, solicitaron a la Superintendencia de Sociedades imponer a las firmas que integran ese grupo la inhabilidad para contratarse por 20 años con el Estado colombiano.
La sociedad Odebrecht S.A. “ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública”, señaló la funcionaria.
Agregó que Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos contra el “soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE”.
La vicepresidencia y la ANDJE solicitaron a la Superintendencia de Sociedades a que emprenda "todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht”.
La lucha contra el grave flagelo de la corrupción “es una obligación constitucional, legal y ética de todo gobernante y de todo ciudadano. Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública. Contra la corrupción hay que ir con todo el peso de la Ley”.
La sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht S.A. ha propuesto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades la celebración de un “Acuerdo de Reparación Integral”.
La compañía responsable de graves actos de soborno y corrupción, ofreció “una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado”.
El gobierno colombiano ha rechazado “tajantemente esta solicitud pues resulta legal y moralmente inaceptable. No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria”.
“Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”, dijo Ramírez.
La vicepresidenta subrayó que “permitir que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de soborno y corrupción transnacional vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados. El que la hace la paga”.
