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La bestia que llevamos dentro

Pedro Cervantes Roque | 09/11/2018 | 23:27

EN TORNO A CUALQUIER INTENTO de linchamiento siempre podrán construirse las más diversas tesis sobre su causa y efectos, pero pocas veces podría justificarse en este siglo de luces. Vale la pena analizar esos dos elementos vigentes en nuestro medio, para entender la gravedad y la ligereza de dar paso a la venganza inmediata y directa como el único recurso efectivo ante la posible impunidad con que se etiquetan ahora los casos en que los presuntos responsables de un delito quedan sin castigo.

 

EL CASO REPROBABLE Y ENOJOSO de que un profesor de escuela primaria haya sido objeto de un intento de linchamiento en la comunidad de Milpillas, al norte de la ciudad, despierta la necesidad de analizar una situación que tiende a repetirse cuando no se logra su inmediata erradicación por la vía de la ley. El castigo físico aplicado al mentor por el grupo de personas que lo agredió seguramente será sancionado pero ha de explicarse con el sustento de la ley para no dejar resabios ni deseos de venganza directa entre quienes fueron actores en estos hechos.

 

LOS PRIMEROS QUE DEBEN explicar el tema son los fiscales. El linchamiento como un acto descontrolado de un grupo social rebasa las dimensiones de la ley, pero también elimina la presencia de las autoridades para aplicarla, es decir, es una expresión de desconfianza sobre la autoridad en la aplicación de castigos considerados en el marco legal. Los participantes en un linchamiento son al mismo tiempo jueces y parte. Se convierten en forma automática en verdugos que castigan sin previo juicio que valore la culpa y la sancione como debe de ser, con base en la ley.

 

PERO LA VOZ DE LOS JUECES EN abono de su función y presencia en el proceso que busca la justicia, es todavía más importante. No pueden ser desplazados por la estridencia del grito que clama venganza directa e inmediata. Tampoco deben admitir las dimensiones del castigo -casi siempre los linchamientos pretenden la muerte del castigado- pues las penas mortales no están en los códigos mexicanos que pretenden regular la vida social en cada estado del país y en el ámbito federal, cuando esa categoría penal es aplicable.

 

LA DECLARACIÓN DE RECHAZO AL linchamiento no puede ni debe ser una reacción tan espontánea como aquél, debe ser sustentada en criterios filosóficos del derecho y demostrarse en la vida real, haciendo que los habitantes de una región, de un municipio o del estado en general, estén plenamente convencidos de que hay una vigencia real del estado de derecho, y de que si todos somos tenemos acceso a la justicia sin condiciones, el deseo de una venganza inmediata podría eliminarse de la conciencia social. Fiscales y jueces son poseedores del conocimiento necesario para construir una imagen clara de la función de ambos en la convivencia social. Pueden, en consecuencia, diseñar las formas en que han de ilustrarnos sobre las formas de acceder a la justicia sin distorsiones.

 

ESTE CASO, EN RESUMEN, NOS llama a la aplicación de medidas educativas, de formación y de responsabilidad para no dejar que los sentimientos primitivos que llevamos sean la expresión violenta de la bestia que todos llevamos dentro.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx