San Luis Potosí, SLP.- Habitantes del Ejido La Presa que se oponen a la obra de la presa La Maroma en Villa de Guadalupe, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas cautelares y requiriendo su intervención pronta y diligente por medio de la Quinta Visitaduría debido a las acciones de hostigamiento, amenazas y criminalización en contra de los opositores de esta obra.
Como se recordará, los miembros más activos del grupo de resistencia que se opone a la obra de la presa La Maroma en Villa de Guadalupe, Héctor González Cruz y Teodoro Cárdenas Lucio, fueron denunciados penalmente por los delitos de amenazas, lesiones y despojo, por parte de la empresa constructora "Vialidades y Construcciones Torres, S.A. de C.V.", que hace trabajos previos para la construcción de la cortina de la presa La Maroma, lo cual es falso por lo que se considera una criminalización.
Al respecto, Guillermo Luévano Bustamante, asesor legal de los quejosos, informó que se presentó está queja porque los habitantes del Ejido se sienten amenazados, vulnerados en algunos de sus derechos humanos, y hostigados por diversas autoridades; los habitantes señalan como responsables de estos hechos en su queja a Manuel Téllez Bugarín, Delegado de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí; Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí; Federico Garza Herrera, Fiscal General del Estado de San Luis Potosí; y Jesús Alfonso Medina Salazar, Director General de la Comisión Estatal del Agua.
Destacó que se realizaron dos acciones legales, la primera una promoción para dar continuidad con el juicio agrario en contra de esta obra dado que aunque las autoridades han querido hacer ver que el conflicto está resuelto la realidad besos que no y los derechos de los quejosos siguen siendo afectado; la segunda acción es precisamente la queja ante la CNDH por los diversos actos de hostigamiento y acoso en su contra que se considera ponen en riesgos a los opositores que además intentan ser criminalizados por su movimiento.
En la queja se hace referencia a diversas violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas como: a un medio ambiente sano, en tanto que la demanda principal de su actuación social y política se encamina a defender el derecho de vivir en un entorno saludable y digno.
Derecho al agua, en la medida en que el reclamo planteado en sus movilizaciones sociales y judiciales consiste en preservar un legítimo derecho sobre aguas y tierras que obtuvieron su antepasados a través de diversas luchas; derecho a la salud, en función de que nuestro reclamo busca preservar las mejores condiciones de subsistencia para las comunidades en que habitan.
Derecho a la legalidad, ya que identifican que las autoridades responsables están vulnerando abiertamente el marco normativo para beneficiar "indebida e inescrupulosamente" a grupos empresariales a costa del despojo de sus derechos y bienes naturales; derechos agrarios, en tanto que viven en condición de ruralidad y subsisten por la actividad agrícola, las acciones gubernamentales los estarían privando de su actividad cotidiana.
Derecho a la protesta, a la movilización y a defender derechos, ya que viven un contexto creciente de criminalización y hostigamiento a defensores del ambiente y en particular contra su comunidad, incluso mediante la creación artificiosa de un estigma negativo frente a las comunidades vecinas a la suya.
Finalmente, el grupo de habitantes del Ejido La Presa de Villa de Guadalupe, dejaron en claro que a pesar de estas acciones en su contra los campesinos y habitantes del Ejido se mantienen en pie de lucha por la defensa del Ejido, sus aguas y tierras, y aunque están molestos porque la ley no está siendo pareja en este caso, aún así no van a dejarse vencer por estas situaciones, por lo cual esperan la pronta intervención de la CNDH y sean emitidas, de manera urgente, medidas cautelares de conservación de su derechos, así como la preservación del goce de sueldo derecho a la protesta, a la libertad y a la manifestación de las ideas, mediante la suspensión de medidas persecutorias y criminalizantes en su contra, lo cual corresponde al Gobierno del Estado de San Luis Potosí y a su Fiscalía General.
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