Empresa denuncia a ejidatarios que se oponen a obra de La Maroma

San Luis Potosí, SLP.- Los miembros más activos del grupo de resistencia que se opone a la obra de la presa La Maroma en Villa de Guadalupe, Héctor González Cruz y Teodoro Cárdenas Lucio, éste último, comisariado en funciones del ejido La Presa, Villa de Guadalupe, fueron denunciados penalmente por los delitos de amenazas, lesiones y despojo, por parte de la empresa constructora "Vialidades y Construcciones Torres, S.A. de C.V.", que hace trabajos en la zona previos a la construcción de la cortina de la presa La Maroma, así lo informó Daniel Jacobo Marín, asesor legal del ejido.

Marín destacó que Teodoro Cárdenas Lucio y el resto de los integrantes del comisariado ejidal, interpusieron denuncia penal contra los funcionarios de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, Manuel Téllez Bugarín y Juventino Tovar Mares, por los delitos de falsificación de documentos, uso de documento falso o alterado, usurpación de funciones públicas y fraude; la denuncia se está analizando en la mesa de delitos cometidos por servidores públicos, donde se han aportado pruebas documentales que confirmarían la existencia de los ilícitos, pero hasta el momento existe tortuguismo de parte del Ministerio Público.

Lamentó que por el contrario, la denuncia presentada por la empresa constructora carece de dictámenes médicos y pruebas fehacientes de los delitos supuestamente cometidos por los opositores al proyecto, por lo cual consideró que se trata sólo de una medida reactiva, para ofuscar y acosar a los ejidatarios, "vemos con preocupación que el sistema opere para perseguir y acosar a los defensores ambientales, aprovechando su condición social y económica; fueron llamados rápidamente para acudir al Ministerio Público de Matehuala y apercibidos de que si no asistían se emplearía el uso de la fuerza pública. Por el contrario, los funcionarios de Conagua ni siquiera han sido llamados a responder por sus actos".

Ante esto señaló que con estas medidas, lo que opera es la criminalización de la protesta y del derecho a opinar y disentir, sobre todo tratándose de un proyecto plagado de irregularidades que ha sido defendido a capa y espada por la burocracia estatal y federal, acompañada por las empresas constructoras, que encontraron un gran negocio en la edificación y operación de la presa.

Finalmente comentó que preocupa aún más que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya sugerido a la PGR la oposición a la construcción de La Maroma como línea de investigación por el asesinato del defensor ambiental wixárika Margarito Díaz, ocurrido el 8 de septiembre pasado.