Legislación para evitar facturas falsas perjudicará a pequeñas empresas

Comprar una factura en el mercado negro es una actividad común que da pie a la simulación de operaciones. Es decir, permite a empresas que no existen registrar movimientos de compras o servicios que nunca se realizaron y por las que reciben el pago que corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para combatir estas actividades ilícitas, la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes (Prodecon) busca impulsar en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar algunas disposiciones fiscales y penales.

Sin embargo, la propuesta no es del todo alentadora. Especialistas coinciden en que parte de esta iniciativa provocaría afectaciones a la liquidez que otorga el flujo de efectivo a las empresas, pues ya no contarán de forma inmediata con el dinero equivalente al 16 por ciento del gravamen, como sucede en la actualidad, debido a que no enteran a las autoridades fiscales sobre los movimientos del IVA.

La afectación será para pequeñas empresas y grandes industrias, de acuerdo a su margen de utilidad

Leopoldo Figueroa, experto en finanzas y catedrático de Posgrado en la Escuela Bancaria Comercial (EBC), considera que las afectaciones se presentarán, sobre todo, en personas morales, es decir, en las empresas de todos los sectores.

En este sentido, Alejandro Arzate, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), manifiesta que la propuesta de la procuraduría que encabeza Diana Bernal está constituida de acuerdo a bases teóricas sin considerar la realidad de las operaciones comerciales de las pequeñas y grandes empresas, que están instaladas en el país.

“En la teoría suena muy bien y también se ve atractiva en el papel. Pero, no está tomando en cuenta la realidad social y comercial de los sectores empresariales”, opina Arzate.

 “La propuesta tiene una base teórica que no toma en cuenta la realidad de las operaciones comerciales”

El experto del CCPM explica que, de aplicarse, la propuesta golpeará la financiación corporativa porque las prestadoras de servicios podrán hacer la acreditación para solicitar la devolución del dinero que corresponde al IVA un mes después a la fecha en la que se realizará la retención. A este lapso se le debe sumar el tiempo en el que se realiza la devolución del gravamen.

Prodecon plantea que las personas físicas con actividad empresarial, personas morales, Gobierno federal y estatales retengan dos terceras partes del IVA que corresponde a la contratación de servicios, que en la actualidad no reportan ante la autoridad.

También propone retener el 10 por ciento de la contraprestación que se pague por dichos servicios y un pago provisional de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Otra de la consideraciones dentro de la iniciativa es elevar a delito grave la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Al respecto, Figueroa, de la EBC, añade que los contribuyentes que presentan su información individual no están listos para enfrentar los cambios, al igual que las autoridades fiscales.

“Las personas físicas y el SAT no están preparados para llevar un control de lo que les van a retener e informar a las autoridades. Son estos contribuyentes los que tienen más problemas para pagar puntualmente sus impuestos y la medida no les facilita la contabilidad”, comenta el catedrático.

La situación que busca atacar la iniciativa de la procuraduría es preocupante, ya que las actividades simuladas dan paso a otros crímenes, como la evasión de impuestos y el lavado de dinero.