La legalización sobre el uso de la marihuana con fines terapéuticos y paliativos, contribuye a mejorar la salud de miles de pacientes y al tiempo, es un paso en el debate de revisar la lucha contra las drogas ilícitas, aseguró el impulsor de esta iniciativa en Colombia, el excongresista Juan Manuel Galán.
Colombia es el cuarto país de América Latina desde el 2016 en tener legislación sobre el uso de la marihuana con fines terapéuticos y paliativos, después de Chile, Puerto Rico y Uruguay, que han dado este paso.
Por cannabis se debe entender las plantas con flores pertenecientes a la familia Cannabaceae y al género Cannabis L., dentro del cual algunos investigadores reconocen la existencia de tres especies: Cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis rudelaris.
Otros académicos sobre el tema solo reconocen una especie, la Cannabis sativa L., cuyas variedades son la Sativa, la Indica y la Rudelaris.
El Congreso de Colombia, aprobó en mayo del 2016 la Ley sobre “cannabis con fines medicinales”, una iniciativa del entonces congresista Juan Manuel Galán, la cual fue refrendada y reglamentada durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Galán, quien investigó el tema para sustentar la importancia de legalizar el cannabis con fines medicinales, dijo en entrevista con Notimex, que Colombia ha arrastrado por décadas el estigma del narcotráfico en una guerra contra las drogas que ha dejado miles de víctimas.
Colombia es uno de los principales países productores de cultivos ilícitos, especialmente hoja de coca y marihuana, pero a la vez en los últimos años, empezó aumentar el consumo de drogas duras y sintéticas.
Para Galán la legalización del cannabis con fines medicinales es una “aproximación distinta a la política de lucha contra las drogas, y es buscar nuevas fórmulas, nuevas opciones, en donde empecemos a recorrer un camino de regulación de todas estas sustancias que hoy en día son ilegales”.
Galán no usa el término legalización, prefiere el concepto regulación del Estado colombiano de toda la cadena de producción, distribución, comercialización y consumo de las drogas que en la actualidad son ilegales.
“Los criminales son los que regulan el mercado y la calidad de estas sustancias: acceso y precio, cuando debería ser el Estado. El Estado ha evadido esa responsabilidad por la prohibición, por la persecución al narcotráfico”, consideró Galán.
Para el experto es importante mantener una política para desarticular “las estructuras del narcotráfico, desvertebrarlas y empezar a tener un tratamiento muy diferenciado a los eslabones de la cadena”.
En esa diferenciación deben entrar, por ejemplo los campesinos cultivadores y los consumidores con enfoques definidos en salud pública y defensa de los derechos humanos.
En este sentido la Ley del cannabis medicinal en Colombia, “responde al debate que se ha abierto en el mundo para cambiar el enfoque de la política antidroga”.
A juicio de Galán, con la Ley se benefician millones de personas que sufren dolores, epilepsia, diabetes, esclerosis múltiple, fibromialgia, artritis, todas estas enfermedades. Estos pacientes van a poder encontrar una esperanza de aliviar el dolor y mejorar su calidad de vida gracias a la marihuana medicinal.
Estudios científicos “están concluyendo que el cannabis, la marihuana, es una sustancia que alivia el dolor y mejora la calidad de vida. Para los pacientes en Colombia es de un gran beneficio”.
Pero además se puede desarrollar una industria en Colombia, con captación de inversión extranjera y son los canadienses, quienes son los que más interés han mostrado en el mercado de este país suramericano para suplir sus necesidades en el mercado interno y bajar costos.
En la Ley quedó claro que Colombia busca la exportación de la flor y evitar que el país se convierta en “una maquila de marihuana y cannabis para el resto del mundo. Lo que buscamos es que a Colombia le quede transferencia de tecnología, le quede valor agregado por la inversión extranjera que llega al país”.
Lo más importante en los dos primeros años de la aprobación de la Ley es la regulación que hizo el ministerio de Salud, y las diferentes resoluciones que ha expedido todo el sistema institucional que tiene que ver con la aplicación de la Ley.
El objetivo de esta reglamentación es “considerar alternativas regulatorias que promuevan la adquisición de cannabis de pequeños y medianos cultivadores y fabricantes nacionales sin que las disposiciones en ese sentido, generen ineficiencias innecesarias”.
Además, busca “evaluar alternativas regulatorias que mitiguen el evento en el que aquellos cultivadores o fabricantes no incluidos dentro de la categoría de "pequeños", sean excluidos de la posibilidad de contar con un cupo para el cultivo o producción de cannabis”.
Igualmente, se flexibiliza “la prohibición absoluta de transferir las licencias y en su lugar, sustituirla por una alternativa regulatoria que permita la cesión o transmisión de las licencias, previa autorización de las autoridades de control que correspondan”.
En Colombia -anotó Galán- ya existen empresas con licencia para desarrollar el cannabis medicinal, pero aún no han solicitado ningún cupo, que es el siguiente paso para poder desarrollar la industria con altos niveles de calidad.
Según el ministerio de Salud se otorgaron 14 licencias para la fabricación de derivados de cannabis y están en firme nueve por parte del ministerio de Justicia, para uso de semillas, para cultivos de plantas psicoactivas y para cultivos de plantas no psicoactivas.
Las empresas con licencias para fabricación de derivados de cannabis están obligadas a comprar como mínimo 10 por ciento de su materia prima a los pequeños y medianos cultivadores de marihuana.
De acuerdo con un informe de la Policía Nacional de Colombia, las licencias tendrán una vigencia de cinco años y se podrán certificar por un periodo igual cuantas veces sea solicitado por el licenciatario. En 32 municipios de Colombia se ha emprendido el camino de la industria legal del cannabis.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), en el 2017 autorizó para Colombia un cupo equivalente a la cuarta parte del total otorgado, el cual fue 155.5 toneladas de producción a nivel mundial.
El cupo asignado el año pasado no lo utilizó Colombia porque aún no estaba preparado, pero la Jife designo para el 2019 un cupo de 40.5 toneladas, una meta que –según Galán- se puede cumplir con estándares de calidad como lo exige el mercado.
Colombia “está preparado para que en el 2019 empiece a producir medicamentos a base de cannabis con una calidad óptima, con los estándares más altos en el mundo, para exportar y abastecer el mercado colombiano, que es el espíritu, primordial de la Ley”, puntualizó Galán.
La marihuana es la sustancia psicoactiva ilícita más consumida en Colombia y es la que muestra una mayor tendencia de crecimiento, de acuerdo con un estudio del ministerio de Salud.
Según el estudio del ministerio de Salud, de los 49 millones de habitantes el 11,5 por ciento de los colombianos ha probado marihuana alguna vez en su vida. La prevalencia es 18 por ciento en los hombres y 6.0 por ciento en las mujeres.
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