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SLP y Soledad sufren consecuencias de mala planeación

Lilia Quevedo/Plano Informativo | 29/09/2018 | 01:07

En San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez se han desarrollado gran número de zonas habitacionales, lamentablemente los procesos se hicieron rápido y sin estudios que avalaran que los lugares eran propicios para la actividad humana, señaló Ramón Ortíz Aguirre, ambientalista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
 
Fallas geológicas, pronunciamiento de hundimientos, el colapso del sistema de drenaje y pavimentación, son algunos de los efectos colaterales de una mala planeación, además del inminente daño al ecosistema y afectación patrimonial de las personas que de buena fe adquirieron una vivienda.
 
“Este daño es muy importante porque la afectación patrimonial de una familia no tiene un remedio, es todavía mucho más difícil que la gente pueda salir adelante”.
 
El ambientalista externó que las administraciones municipales de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez dejaron crecer este problema, arreglando todo desde un escritorio, evitando trabajar en campo y hacer que los constructores se apeguen éticamente a los principios que deben de tener para construir vivienda.
 
“Cuando se aprueban al vapor nada más porque hay intereses económicos que llevan a las autoridades a que aprueben un desarrollo, lo que se está ocasionando es una serie de daños”.
 
Para poder aprobar un desarrollo habitacional se debe de tener la información precisa y avalada por estudios básicos de impacto ambiental, urbano, vial e imagen urbana, la constitución de cada estudio lleva implícita otra serie de diagnósticos encaminados a disciplinas como la geofísica e hidrología.
 
No se está tomando en cuenta a la naturaleza a la hora de generar nuevos espacios habitacionales y se ofrece vivienda a precios muy accesibles, pero no analizan con profundidad lo que están haciendo y eso es un acto de corrupción”.
 
La reforma urgente que debería hacer la 62 Legislatura es modificar la Ley de Obra Pública en el Estado, para evitar que se perpetúen los vicios que se han ido arraigando en la práctica administrativa y que tan malos resultados han dado, a la larga, y que terminan por no beneficiar a nadie sino que generan complicaciones que afectan directamente a los usuarios finales.