Este miércoles, Andrés Manuel López Obrador comunicará oficialmente la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. El presidente electo de México hará el anuncio en un acto en el Museo de la Memoria y Tolerancia con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 a manos de policías locales del municipio de Iguala, Guerrero, al sur del país.
El caso tiene un lugar destacado en la lista de problemas que el próximo Gobierno heredará de Enrique Peña Nieto. La investigación hecha por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) de los hechos ocurridos hace cuatro años se encuentra en un punto muerto. No tiene respaldo social y carece de credibilidad para los organismos internacionales y para los familiares de las víctimas de la escuela normal rural de Ayotzinapa.
La pesquisa, una de las más importantes realizadas en México recientemente, ha generado cerca de 488 resoluciones judiciales que han derivado en la detención de 170 personas, entre ellas policías locales de varios municipios y supuestos integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos. El Estado mexicano ha invertido en la averiguación 1.200 millones de pesos, más de 64 millones de dólares. Nada de esto significa que se haya hecho justicia. No existe una sola sentencia condenatoria para los presuntos responsables. Los familiares de las víctimas tampoco están satisfechas con las conclusiones vertidas en un expediente de 54.000 hojas.
“Los padres de los 43 piden verdad y justicia. Quieren saber qué pasó y dónde están sus hijos”, explica Alejandro Encinas, quien ha sido designado por López Obrador para crear la comisión de la verdad. “Eso implica no solo reabrir el caso Ayotzinapa, que se pretendía dar por cerrado con la llamada ‘verdad histórica’, sino que también nos va a permitir tener un instrumento con la fuerza judicial suficiente para revisar el expediente y continuar las investigaciones”, dice quien se encargará desde diciembre de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación.
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