La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, junto con varios exfuncionarios de su gobierno, ejecutivos de empresas constructoras y un excónsul, fue acusada de participar en un sistema de recaudación ilegal de dinero, instalado desde el poder a cambio de la adjudicación de obras públicas durante 12 años.
Ayer, el juez federal, Claudio Bonadío ,le ordenó prisión preventiva por la imputación de los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos y cohecho pasivo en cinco hechos”, entre 2003 y 2015, periodo que incluye su mandato y el de su esposo, Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
Fernández, quien actualmente ocupa un escaño en el Senado, no puede ser detenida al gozar de inmunidad parlamentaria, condición que supone un desafío para la justicia, ya que el peronismo opositor, que goza de mayoría, ya adelantó que no respaldará esta medida hasta no haber una condena firme.
La expresidenta argentina suma seis procesos en vías de ejecución en su contra, justo cuando se perfila como la política favorita de la oposición para competir con el actual mandatario, Mauricio Macri, en las elecciones presidenciales de 2019.
El magistrado Bonadío también ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y otros exfuncionarios de ese departamento, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri.
La red de corrupción, cuyo legado de Néstor Kirchner habría mantenido su esposa en las esferas del poder, también implica a dos altos ejecutivos del Grupo Techint, un conglomerado de empresas del rubro energético y metalúrgico, y del Grupo Roggio, ligado a negocios de infraestructura y servicios.
“Hoy más que nunca necesitamos que la Justicia nos diga si eso es verdad y que nos demuestre que no hay más impunidad en la Argentina, porque necesitamos creer en nosotros mismos y en que esto lo vamos a cambiar”
Mauricio Macri
Presidente de Argentina
La causa alcanza a 42 procesados ??entre exfuncionarios y empresarios, sobre quienes se trabó un embargo por 100 millones de dólares. Sólo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva.
En su resolución, Bonadío sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina “una colusión de funcionarios y empresarios que funcionaba como una herramienta armada desde el Estado, en detrimento de la educación, la salud, los jubilados y la seguridad , que dejaba al pueblo más humilde, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro … y todo esto se hizo para distribuir coimas (sobornos) a funcionarios corruptos“.
Debido a que un porcentaje del costo de cada obra pública en cuestión era destinado a los sobornos, los costos fijados por el Estado para estas contrataciones “estaban ‘inflados’, en perjuicio del conjunto de los argentinos”, según el juez.
“Tampoco puedo ignorar que en todo esto también hay intenso fuego amigo. Y estoy seguro que si mañana me parte un rayo y sólo quedan esparcidas mis cenizas, seguro que muchos no llegarían con el voto popular a ser presidentes”
Cristina Fernández
Exmandataria y senadora
internacionales
