Funcionarios del expresidente venezolano Hugo Chávez fueron procesados por la justicia de Andorra, investigados por el saqueo de 2 mil millones de euros o 2 mil 338 millones 102 mil dólares (según el tipo de cambio de ayer) a la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), durante el periodo 2007-2012.
Se trata de los exviceministros de Energía, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, a quienes la fiscal de Andorra, Canòlic Mingorance, atribuye los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a una red que cobró sobornos a empresas a cambio de contratos millonarios de PDVSA, según citó El País a las autoridades de la causa.
La magistrada andorrana también encausó a Diego Salazar, primo del exministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera, Francisco Jiménez Villarroel, y al exabogado de la compañía, Luis Carlos de León Pérez.
La investigación involucra además a personas externas al gobierno de Hugo Chávez: el empresario venezolano de seguros Omar Farías, el gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y el apoderado de Salazar, José Luis Zabala.
De acuerdo con los argumentos de la parte acusatoria, estos personajes eligieron a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para esconder su botín de comisiones ilegales; se sabe que cobraban por encima de 10 por ciento a empresas, sobre todo de China, a las licitaciones que les otorgaban desde PDVSA.
La trama venezolana creó unas 30 sociedades opacas radicacas en Panamá para mover los fondos que desembocaron juntos en Andorra, un pequeño Estado europeo cuya política del secreto bancario (eliminada en 2015) favoreció los objetivos de los saqueadores.
“Se unieron para controlar las licitaciones públicas de PDVSA y la construcción de infraestructuras energéticas contratadas por filiales de PDVSA: Corpoelec y Electricidad de Caracas”, señaló la fiscal, quien construyó un expediente de 74 páginas desde 2012.
Los exministros, señala el documento, aprovecharon el aparato diplomático de Venezuela para ofrecer sus servicios a cambio de sobornos; destaca el pago de 460 mil dólares a un funcionario de la embajada china para que les ayudara a promover “sus servicios” en el círculo empresarial asiático.
Exdirectivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) fueron cómplices en el ocultamiento de la trama que saqueó recursos de Petróleos de Venezuela SA; la magistrada Canòlic Mingorance estima que el banco “creó sociedades fantasma” y recurrió a testaferros para esconder el dinero de la red.
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