El soporte de la estructura burocrática

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS anunciadas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pueden ser tomadas como modelos para ser replicadas en las 32 entidades del país, a juzgar por las declaraciones vertidas por sus respectivos gobernadores, aunque en realidad no estén de acuerdo con las consecuencias que tendrán en la vida interna de los estados. El ejemplo más ilustrativo es el de la política de austeridad que se da a conocer más como una acción que como un programa y que no toma en cuenta factores relevantes para su implementación, pero frente a la cual ningún estado -incluida la Ciudad de México- tiene un programa adecuado.

GASTAR MENOS NO SIGNIFICA ingresar menos. Eso quiere decir que si el ingreso federal no se reduce, la cantidad de dinero a repartir a los estados y a los municipios no habrá de ser menor a lo que reciben este año. La política de austeridad que dice el gobernador Juan Manuel Carreras que ya se aplica en el estado es una salida política más que una acción verdadera. En todo caso, San Luis vive en austeridad desde hace 9 años, justo cuando el peor mandatario de la historia contemporánea de San Luis se hizo cargo de la conducción del gobierno estatal. Me refiero, usted sabe, al doctor Fernando Toranzo Fernández, por más que nos repatea traerlo a colación.

LO PREOCUPANTE DE ESA política de austeridad es que su implementación carece de sustentos. Una de sus articulaciones más relevantes es la reducción de la burocracia federal, especialmente en dos renglones importantes. El primero se refiere a la eliminación de las delegaciones federales en los estados. Ningún inconveniente existe en que se vayan a su casa los delegados, los jefes de servicios, los jefes de departamento y cuanta persona haya sido beneficiada por sus amigos los delegados para ocupar cargos de mando medio en cada delegación.

EL SEGUNDO ASPECTO DE LA medida tiene que ver con la estructura burocrática del gobierno federal. Una de las quejas más frecuentes del usuario de los servicios gubernamentales, es su pesadez y su lentitud consecuente. Ancestral es la impresión que tenemos los mexicanos acerca de la burocracia federal, buena parte de lo cual es consecuencia de la acción de los sindicatos cuya función entorpece el buen desempeño de las dependencias e instituciones gubernamentales. Es sabido, también, que son los “empleados de confianza” quienes sacan adelante el trabajo en secretarías y delegaciones en tanto los “sindicalizados” actúan sin sentido de responsabilidad.

ASÍ LAS COSAS, EL GOBIERNO federal en puerta se dispone a despedir un total de 220 mil empleados de “confianza” con los que actualmente las dependencias “sacan el trabajo”. Una primera consecuencia negativa de esa acción de austeridad será contraria a sus propósitos y será una demostración de que no existe pleno conocimiento de la funcionalidad del gobierno. Las dependencias federales solamente se quedarían con un 30 por ciento de plazas de confianza y 1.2 millones de sindicalizados. Creo difícil que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador convenza a los “sindicalizados” de modificar sus criterios de comodidad -a mí no me toca, por ejemplo- nomás porque quiere gastar menos.

POR RAZONES POLÍTICAS, MÁS que funcionales benéficas, los gobiernos estatales van a seguir esa política, pero no han dicho cuál será el destino de los ahorros. El gobierno electo dice que lo destinará al gasto social, como si ignorara que existe un riesgo inflacionario y consecuencias desastrosas para la economía. De eso quizá deba hablarnos el gobernador Carreras en su ya próximo informe de gobierno.

LA BREVEDAD

El Informe General de Auditorías de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2017 de los 113 entes auditables de San Luis Potosí fue aprobado ayer por el pleno del Congreso del Estado con 20 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Se establece que como resultado de las 3,862 observaciones notificadas, hubo reintegros o recuperación de recursos por un monto de $19’815,894 y 607 pliegos de observaciones por un monto de $719’883,296.

EL PLENO AUTORIZÓ AL EJECUTIVO para afectar hasta 2.5 por ciento mensual del Fondo General de Participaciones que recibe del gobierno federal como fuente de pago a favor del ISSSTE. Fue aprobada por 20 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Es para que cubra, a nombre y cuenta de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), las aportaciones y cuotas correspondientes hasta por la cantidad de $1,225’906,077.14 así como los intereses, actualizaciones y recargos respectivos calculados a la fecha de pago en términos de lo establecido en la Ley del ISSSTE.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx