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Asociación humanitaria confirma 481 muertes por represión en Nicaragua

Notimex | 04/09/2018 | 18:47
El número preliminar de víctimas de la represión gubernamental durante la actual crisis sociopolítica en Nicaragua se ha elevado a 481 muertos y a casi cuatro mil heridos, informó hoy la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
 
La actualización del saldo de víctimas fue publicada este martes en Managua, mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó la decisión del gobierno nicaragüense de expulsar a su misión del país, pero afirmó que seguirá monitoreando la situación.
 
El informe de la ANPDH precisa que la represión del gobierno, ejercida a través de la policía y los paramilitares, contra los manifestantes que exigen la dimisión del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha sido una constante desde abril pasado, cuando iniciaron las protestas.
 
Reportó que entre el 19 de abril y el 2 de septiembre pasados, 481 personas perdieron la vida, de las cuales 455 fueron asesinadas –de éstas 410 por impacto de bala-, y el resto murió por otras causas, como arma blanca, enfermedades naturales no atendidas y accidentes relacionados con la situación.
 
También destacó que tres mil 962 personas resultaron lesionadas en el mismo periodo, de las cuales 98 sufren heridas graves con daño permanente, y advierte que todas ellas han carecido de atención médica oportuna en el sistema de salud pública.
 
El reporte señala que por lo menos mil 338 personas han sido secuestradas por paramilitares y detalla que de ellas 123 aparecieron gracias a la gestión de la ANPDH y la Iglesia Católica, aunque las restantes mil 215 se encuentran detenidos de manera ilegal.
 
El organismo refirió que las víctimas fueron resultado de enfrentamientos desproporcionados entre civiles y fuerzas combinadas del gobierno, por disparos de francotiradores, ejecuciones luego de ser capturadas durante las protestas; e incluso conducidas a otros lugares para torturarlas.
 
Además, en ejecuciones aleatorias en ataques sorpresivos a marchas pacíficas (como la masacre del 30 de mayo); a barricadas y tranques (cuando no había enfrentamientos); a lugares como supermercados; o a personas seleccionadas en la calle sin razón aparente, agregó el informe.
 
Menciona asimismo ejecuciones planificadas, buscando en casas o en otros sitios, contra quienes participaron o apoyaron en las barricadas, con base en listas suministradas por orteguistas en los barrios; o por no haber colaborado con el gobierno.
 
La prensa independiente de Nicaragua, que dedicó amplios espacios al reporte de la ANPDH, destacó que el grupo activista tuvo que cerrar sus oficinas en Managua por amenazas de muerte por parte de simpatizantes orteguistas, y que su titular Álvaro Leiva debió salir del país ante el asedio contra su persona.
 
En este contexto ofrecido por la ANPDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó profundamente la reciente decisión de las autoridades de Nicaragua de dar por terminada la visita de su misión y ordenarle su salida del país.
 
La portavoz de la agencia, Liz Throssell, dijo que era lamentable que el gobierno nicaragüense expulsara a un grupo de la ACNUDH un día después de que el organismo publicó un informe sobre violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos en el país desde abril pasado.
 
La protección de las víctimas en Nicaragua es una tarea que se vuelve cada vez más difícil, debido a la criminalización y arrestos a los que se enfrentan personas y grupos asociados con las protestas, sostuvo y denunció “campañas difamatorias” contra los manifestantes, a quienes catalogan como “terroristas” o “golpistas”.
 
Señaló que el personal de la misión salió del país el pasado sábado, pero aseguró que continuará monitoreando la situación de los derechos humanos de los nicaragüenses y dando voz a las víctimas, pues la ACNUDH está dispuesta a apoyar a Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales en esa materia.
 
En su informe publicado la semana pasada, la ACNUDH señaló una “grave crisis de derechos humanos en Nicaragua” desde el comienzo de las protestas el 18 de abril, que se ha caracterizado por múltiples formas de represión y violencia, que han resultado en miles de víctimas.
 
El gobierno de Ortega rechazó el documento y advirtió que la misión ya había concluido su tarea de observadora, por lo que dio por terminada su visita.
UCSLP - INTERNACIONALES

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