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Cese de comisión de la ONU contra la impunidad divide a guatemaltecos

Notimex | 01/09/2018 | 14:37
La decisión del presidente guatemalteco Jimmy Morales de cesar la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de Naciones Unidas para contribuir en la lucha contra el crimen, generó una honda división, indicaron analistas.
 
El gobernante, acompañado por mandos militares y policiales, anunció el viernes que no renovará el mandato de la CICIG, que vence el 3 de septiembre de 2019, y cuyas investigaciones en conjunto con el Ministerio Público (MP) involucraron al propio mandatario y su familia en actos ilícitos.
 
La titular del MP, Consuelo Porras, exhortó al gobierno y a la ONU a que “hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población en función de la paz, la tranquilidad y la armonía social”.
 
La cúpula del poderoso sector empresarial guatemalteco hizo un llamado “a la cordura” y estimó fundamental “que prosiga la lucha contra la corrupción” y el fortalecimiento del MP.
 
Tras el anuncio de Morales, grupos a favor y en contra se dieron cita ante la sede de la CICIG para manifestarse, mientras que otros grupos acudieron a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, ex sede del gobierno, para rechazar la decisión del presidente Morales.
 
El Estado de Guatemala y la Naciones Unidas (ONU) acordaron el 12 de diciembre de 2006 la creación de la CICIG, que tras la aprobación del Congreso se instaló en el país centroamericano en septiembre de 2007, con un presupuesto financiado por la cooperación internacional.
 
La CICIG, cuya misión es colaborar con el Ministerio Público (MP) en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, es dirigida desde septiembre de 2013 por el ex magistrado colombiano Iván Velásquez.
 
Bajo la actual gestión, más de un centenar de políticos, funcionarios y particulares han sido procesados o encarcelados, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de encabezar una estructura criminal y de corrupción conocida como La Línea.
 
Morales ganó la presidencia en medio del escándalo que protagonizaban Pérez Molina y Baldetti, con el lema “Ni corrupto ni ladrón”, pero cuando apenas comenzaba su gestión, se conoció una investigación del MP y la CICIG contra su hermano y su hijo, procesados por fraude.
 
El mismo mandatario acumula dos pedidos de antejuicio para el retiro de la inmunidad por investigaciones de la CICIG y el MP, el primero de ellos en agosto de 2017, por financiamiento electoral ilícito en los comicios de 2015, cuando era secretario general del partido que lo llevó al poder.
 
Dos días después, el 27 de agosto del 2017, el presidente Morales declaró no grato a Velásquez y ordenó su salida inmediata del país, pero la orden fue frenada por una resolución del Tribunal Constitucional guatemalteco en favor del colombiano, aunque el enfrentamieno quedó abierto.
 
Un nuevo pedido de antejuicio fue aprobado el mes pasado por la Corte Suprema de Justicia, que lo turnó al Congreso, para que los parlamentarios estudien la solicitud contra Morales.
 
Empresarios prominentes, procesados por investigaciones del MP y la CICIG, han admitido que entregaron fondos a Morales en las elecciones de 2015, que derivaron en el delito electoral del que se acusa al ahora gobernante.
 
Este sábado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó la “importante contribución” de la CICIG, mientras que Estados Unidos, uno de los mayores cooperantes con la misión, la calificó como “un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza, y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala”.
 
El gobierno de Washington declaró que “continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad, y considera esta lucha como parte integral de la relación entre los Estados Unidos y Guatemala”.
UCSLP - INTERNACIONALES

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