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Urgen intérpretes en el sistema penal

Lilia Quevedo | 17/08/2018 | 08:53

San Luis Potosí, SLP.- Uno de los problemas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es la falta de traductores; actualmente no sólo se requiere la intervención de estos expertos en lenguas indígenas, también se necesitan interpretes que contextualicen al imputado sobre su situación legal, señaló Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

 

La tarea del traductor es comunicar literalmente lo que dice un expediente, mientras que un intérprete tiene que asegurarse de explicar los términos del lenguaje jurídico con el que no están familiarizados los pobladores de las comunidades indígenas.

 

Actualmente en la Visitaduría Especializada hay más de 40 casos de atenciones, lo que hace la CEDH es vincularlo o dirigirlos a la defensoría de oficio para que revisen sus expedientes y determinar si en su momento contaron con un intérprete o no.

 

El problema nuclear de la ausencia de estos dos personajes, es que ante la falta de un traductor e intérprete se podría demorar más de la cuenta o incluso “echar abajo” el proceso en detrimento de los derechos humanos de los indígenas; y también en detrimento de una persona imputada en un delito, por tanto un intérprete no solo es necesario para los imputados indígenas, aplica para cualquier persona que se le acuse de un delito no comprobado.

 

López Espinosa explicó que este déficit se debe a que el anterior sistema era escrito: “si bien obligaba a tener traductores, no había una explicación clara de los términos jurídicos.”

 

El ombudsman señaló que la CEDH desconoce si hace falta recurso para la contratación de un mayor número de traductores e intérpretes. Este tema se tendría que dirigir tanto a la Fiscalía General del Estado como al Poder Judicial del Estado.

 

El viernes 10 de agosto inició la escuela itinerante dirigida a liderazgos de comunidades y pueblos indígenas, producto de un convenio de colaboración que celebró la CEDH con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Esta escuela itinerante se encuentra en varios estados como Veracruz, Yucatán, Ciudad de México y recientemente en San Luis Potosí.

 

Se prevé que para diciembre, las cerca de 200 personas que están acudiendo a la Universidad Intercultural en Tamazunchale saldrán con una certificación en materia de Derechos Humanos como el nuevo Sistema de Justicia Penal aplicado a pueblos y comunidades indígenas.

 

La CEDH tiene una visitaduría especializada en la atención de pueblos y comunidades indígenas que se encuentra en Ciudad Valles, más del 40 por ciento de sus usuarios pertenecen a comunidades indígenas, además de contar con una oficina regional en el municipio de Tamazunchale.