Realizarán mesa de trabajo en Chile para discutir “Ley Uber”

El gobierno chileno y las agrupaciones de taxistas acordaron hoy crear una mesa de trabajo para analizar la llamada “Ley Uber”, la cual regulará el uso de aplicaciones virtuales de transporte en este país.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, y la intendenta de la Región Metropolitana, donde se encuentra Santiago, Karla Rubilar, se reunieron este jueves con representantes de los taxistas legales para analizar el tema.

Ambas partes acordaron crear una mesa de trabajo con el objetivo de encontrar una solución a las diferencias entre el gremio de taxistas y quienes trabajan con aplicaciones virtuales de transporte.

La instancia nació luego que la semana recién pasada un taxista muriera y otros dos resultaran heridos tras una violenta riña entre un supuesto transportista informal y un grupo de conductores de vehículos conocidos como “techos amarillos”.

Hutt afirmó que “se necesita asegurar a los pasajeros, dar las condiciones de tranquilidad que son necesarias para que realicen sus viajes”.

“Los gremios con los cuales nos hemos reunido me dan la garantía, son los representativos de la gran mayoría del sector y que constantemente han mostrado disposición al diálogo, pues les preocupa el prestigio y la imagen de su gremio”, añadió.

Rubilar, en tanto, descartó reunirse con el dirigente gremial Claudio Morales, quien la semana pasada amenazó con una suerte de cacería contra los conductores de la aplicación Uber y puso como ejemplo la Ley del Talión, “ojo por ojo y diente por diente”.

Enfatizó que “con ese dirigente (Morales) la Intendencia no se sienta, yo no converso con un dirigente que ha amenazado y que valida la violencia. Yo espero que los demás dirigentes se desmarquen de él”.

Los gremios de colectivos y taxistas de Santiago hicieron un llamado a movilización para el próximo 22 de agosto, el que se encuentra en etapa de revisión de permiso.

La llamada “Ley Uber” se encuentra en su primer trámite legislativo en la Cámara de diputados, al que el gobierno colocó suma urgencia, lo que implica que la discusión debe ser realizada antes de 15 días para que luego pase al Senado.