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En Rioverde y Ciudad Fernández podría decretarse alerta de género

Selen Terán | Plano Informativo | 31/07/2018 | 12:49

San Luis Potosí, SLP.- El 21 de junio del 2017 se decretó por parte de la Secretaría de Gobernación la Alerta de Género para los municipios de San Luis Potosí, Tamazunchale, Ciudad Valles, Tamuín, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala, en cuyo año se reportaron 18 feminicidios; a un año de ese hecho en los primeros siete meses de este 2018 ya suman 37 asesinatos de mujeres, para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, hay una clara falta de coordinación entre las autoridades al ejecutar tanto las medidas de seguridad, de prevención, y de justicia y reparación.
 
En entrevista para Contacto Informativo, el ombudsman potosino sentenció que los seis alcaldes de las entidades no han emitido acciones de prevención a la violencia de género, advirtiendo que en dos de los feminicidios se pudieron evitar si se hubieran emitido acciones por parte de las autoridades.
 
Como ejemplo de la omisión es que solo San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez tienen unidades de atención a la violencia dentro de sus corporaciones policiacas, sin embargo, no operan como tal.
 
Dentro de los casos prevenibles y que tuvieron consecuencias fatales, fue el ocurrido en enero en el municipio de Rioverde, por lo cual la CEDH pedirá decretar la alerta de género en Rioverde y Ciudad Fernández, ya que las mujeres se atrevieron a denunciar a sus victimarios, y no fueron atendidas ni protegidas.
 
“Si bien se dictaron las medidas por parte del Ministerio Público, no hubo un seguimiento puntual para que las mujeres  y sus hijos estuvieran protegidos”.
 
Para el municipio de San Luis, apuntó López Espinosa, debe haber protección en la Zona Industrial, ya que las mujeres salen durante la madrugada y no hay vigilancia por parte de la policía municipal.
 
Dado que faltan dos meses para que concluyan las administraciones municipales la CEDH invita  a los alcaldes electos a que conozcan las medidas que tienen que implementar a partir del primero de octubre.
 
“Debe también existir instrumentos de medición que nos permita conocer de qué manera estamos sensibilizando a las autoridades, y con base en ello construir las políticas públicas”, finalizó.