La represión continúa en Nicaragua. Al menos 14 muertos dejó el último ataque de las fuerzas del Gobierno en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, al oeste del país, en la madruga del domingo. Entre los muertos también hay dos policías, un paramilitar y un encargado de antimotines.
Según Euronews, cientos de policías y paramilitares armados irrumpieron en las dos localidades montados en camionetas con la intención de desmantelar las barricadas de los manifestantes que exigen la dimisión del presidente Daniel Ortega.
“Esto parecía un ejército de ocupación. Hay más muertos que no hemos podido confirmar su identidad. Hay una cantidad de presos y heridos. Un desastre”, ha dicho, criticando el ataque, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez.
Un día antes del asalto, el mandatario reivindicaba que está luchando “por la paz”, que descarta las elecciones anticipadas y que va a hacer desaparecer las manifestaciones en su contra. El discurso lo pronunció en una movilización convocada por sus partidarios en los que se oía cánticos de "¡Se queda! ¡Se queda! ¡El comandante se queda!".
Mientras Ortega culpa a la oposición de golpista y de no cumplir con las normas democráticas, el presidente no menciona las graves violaciones de derechos humanos que le imputan la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estas organizaciones denuncian ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y posibles actos de tortura contra una población sobre todo joven. Desde que estallaron las protestas el pasado 18 de abril, se viven las mayores masacres desde que la revolución popular puso fin a la dictadura en 1980.
Hay contabilizados 310 muertos, incluidos 17 menores de edad. El diario La Prensa recoge los crímenes como los cometidos contra Junior Gaitán, de 15 años, al que un policía disparó a quemarropa en el pecho mientras estaba de rodillas el 2 de junio o el disparo a un bebé de 14 meses mientras su padre lo tenía en sus brazos.
Esta pasada madrugada las fuerzas armadas también detuvieron ilegalmente a al menos tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, según reporta el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Desde las calles se está contestando a las políticas del presidente. La rabia estalló tras el anuncio de una reforma que suponía un reducción del 5% de las pensiones y un aumento de las contribuciones de empresas y trabajadores. Aunque finalmente Ortega tumbó la medida por la presión, el malestar va más allá. Las manifestaciones bocean contra los fraudes electorales, la subida del precio de petróleo o los abusos policiales.
El próximo 13 de julio está convocada otra huelga general para exigir la retirada de Ortega. Este lunes se reune el Gobierno con Alianza Cívica, que representa a parte de la población, para retomar un diálogo que evite más muertos, aunque nada parece estar garantizado.
internacionales
