Modificación a Ley de Aguas podría afectar a pueblos de la Huasteca

San Luis Potosí, SLP.- La modificación de los estatutos de las vedas existentes sobre el 40 por ciento de las cuencas del país afectará a las poblaciones indígenas de San Luis Potosí.

Bajo el pretexto de “establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas para los próximos 50 años”, el pasado 5 de junio el presidente Enrique Peña Nieto  anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre el 55 por ciento de las aguas superficiales mexicanas.  

Daniel Jacobo Marín, profesor de Derecho de Aguas del Colegio de San Luis A.C (Colsan), señaló que este esquema pone en riesgo las aguas de núcleos agrarios y comunidades indígenas.

Sus dotaciones de agua corren el riesgo de transferirse, ya que sus derechos de agua son frágiles en términos de la Ley de Aguas Nacionales; dicha ley ya no contempla esa figura.

La región hidrológica del Pánuco, que comprende a la Huasteca Potosina, forma parte de las nueve regiones que se verán afectadas con esta adecuación emitida desde el ejecutivo, dejando en severa vulnerabilidad a la población indígena y las comunidades campesinas de esta zona.

El especialista señaló que bajo el actual modelo de gestión, existen aprovechamientos de agua otorgados a particulares bajo la figura de concesión. Esto indica que esas aguas las aprovechan con fines productivos (industrial, minero, recreo, agroindustria).

Lo que ocurrió con la firma de estos decretos es que suprimieron vedas de aguas superficiales en 9 de las regiones más importantes del país. Cabe destacar que la veda es un mecanismo que impide la extracción y el uso del agua en situaciones de emergencia, sobreexplotación o contaminación.

“Lo intrigante es que al suprimir las vedas pueden otorgarse nuevas concesiones de agua para usos productivos o extractivos (minería, industria) y para el abasto urbano (especialmente ciudades).”

El discurso oficial dice que los decretos crean zonas de reserva para garantizar el futuro abasto de las ciudades y del “medio ambiente", pero, al mismo tiempo, suprime las vedas, lo que implica la apertura de las solicitudes para otorgar aprovechamientos que antes estaban protegidos.

Para colmo, las regiones hidrológicas reglamentadas en estos decretos coinciden con los polígonos donde se aprobaron concesiones energéticas. Sería muy grave que las reservas de agua se estén pensando para garantizar la facturación hidráulica para extraer hidrocarburos no convencionales.

Los decretos se refieren a aguas superficiales (la de ríos, arroyos, lagunas, humedales).

Los cabildos de Xilitla, Tancanhuitz y Axtla de Terrazas acordaron no permitir cambios de uso de suelo donde se pretenda hacer “fracking", porque su territorio se está repartiendo en concesiones energéticas y ahora sus aguas también se vislumbran como insumos para la ola de extracción de hidrocarburos.