El Diálogo Nacional entre grupos de la sociedad civil y el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, continuó hoy sus trabajos, luego de que la víspera lograra algunos acuerdos como la investigación de crímenes ocurridos durante las protestas en el país.
La segunda sesión de este diálogo, que con la mediación de los obispos busca una solución a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, comenzó tensa la mañana de este sábado debido a tiroteos contra civiles en Managua, la muerte de una familia por un ataque a su casa y el asesinato de dos paramilitares.
En las discusiones de este sábado, que se realizan en el Seminario de Nuestra Señora de Fátima, los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y los del gobierno, encabezados por el canciller Denis Moncada, acordaron establecer comisiones y mesas de trabajo para continuar la agenda.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) sometieron a votación la moción para establecer una comisión de verificación y seguridad, y otra para la democratización, así como dos mesas de trabajo, una para el asunto judicial y una más para el tema electoral.
Una vez aprobadas, se concedió tiempo para que las partes eligieran a los miembros que integrarán las comisiones y las mesas, a las cuales se pidió respetar la Constitución y presentar sus avances en el Diálogo Nacional para ser consensuados.
Las conversaciones continuaron este día después de alcanzar un acuerdo la noche del viernes, tras una larga jornada de debates durante la cual los representantes de campesinos, estudiantes, la sociedad civil y del sector privado plantearon sus inconformidades y sus propuestas para solucionar la crisis.
El diálogo terminó por la noche con el compromiso de las partes en poner fin a la violencia luego de semanas de protestas y ataques que han dejado alrededor de 170 muertos, según organismos defensores de los derechos humanos.
También acordaron investigar los crímenes ocurridos desde que comenzaron las protestas, cuyo propósito inicial era echar atrás los planes del gobierno de reformar el sistema de Seguridad Social, que afectaba pensiones y jubilaciones, e incrementaba las cuotas de los trabajadores y de los empleadores.
Para la investigación, se permitirá el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También se acordó preparar un plan para desmontar los tranques (bloqueos), colocados por los nicaragüenses para protegerse de los ataques de las fuerzas del gobierno y grupos paramilitares.
La CEN informó la tarde de este sábado que el próximo lunes se trabajará en las mesas de trabajo y en la comisión de verificación y seguridad, mientras que el martes siguiente se abrirá la plenaria del Diálogo Nacional.
Este diálogo se estableció el 19 de abril pasado, un día después de que comenzaron las protestas para tratar la situación en el país y fue suspendido el 31 de mayo, tras la violenta represión gubernamental contra la movilización de apoyo a las madres con hijos asesinados en las manifestaciones.
Los obispos convocaron al Diálogo Nacional y se reanudó la víspera. Sin embargo, la violencia ha continuado.
Esta mañana, medios locales informaron que una familia de seis miembros, dos de ellos niños, murió en el interior de su casa en el barrio Carlos Marx, en Managua, la cual fue incendiada por policías y paramilitares, un hecho que la OEA y la CIDH calificaron como un crimen de lesa humanidad.
También en la capital nicaragüense, pero en el barrio Ocho de Marzo, dos paramilitares del gobierno fueron asesinados, uno de ellos era hermano de la vicealcaldesa de Tipitapa y quemaron su cuerpo, al parecer por hombres encapuchados.
En otros barrios de Managua se reportó que hombres armados recorrieron las calles disparando de manera indiscriminada contra las casas.
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