Lilia Quevedo | Plano Informativo | 28/05/2018 | 00:50
Hace ocho años ocurrió una de las desapariciones más controversiales de San Luis Potosí. El 15 de marzo del 2010, un autobús desapareció junto con 40 jornaleros. El transporte que pertenecía a la línea de autobuses “Pirasol”, partió del municipio de Xilitla con destino a Miguel Alemán, Tamaulipas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación General No. 01/2018 por el extravío del expediente original, la recomendación fue dirigida a Federico Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado.
En el documento se señala que el caso tiene derecho a una investigación efectiva. En el tercer apartado del archivo titulado “Derecho a la verdad”, se señala que en caso de desapariciones: “los familiares de las víctimas tienen derecho a que las autoridades en materia de procuración de justicia, implementen todas aquellas acciones de búsqueda y localización; de conocer el paradero de las víctimas, la identidad de los responsables y las circunstancias que propiciaron los hechos”.
A casi 10 años de lo sucedido, los familiares no han recibido información alguna sobre el paradero de los jornaleros que se trasladaban en la unidad que poco después fue encontrada.
La recomendación acusa textualmente a la antes PGJE, de falta de acceso a la información: “Ante la demora injustificada en la investigación y sin que los familiares tengan conocimiento de las acciones para dar con el paradero de las víctimas, además de obstaculizar el derecho a una debida procuración de justicia, se traduce en una falta de acceso a la información”.
Pasan los años y los familiares no han recibido respuesta sobre el paradero de sus familiares. Este caso se sumerge en la impunidad y en la falta de información. Este no sería el único caso que ocasiona la emisión de una recomendación.
El 25 de agosto de 2015 se emitió la Recomendación 24/2015 en relación con la dilación e irregular integración de la Averiguación Previa que se inició por la privación de la vida de una persona y la desaparición de la niña de nombre Rosa Citlali Santiago Luis.
Se obtuvo una muestra de saliva por parte de los familiares, la prueba fue desechada luego de que la Dirección de Servicios Periciales de la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Huasteca Norte, informara que no contaba con el personal y el equipo para su conservación.
El 25 de septiembre de 2015 se emitió la Recomendación 31/2015, en relación a las omisiones en la práctica de diligencias de la Averiguación Previa por la desaparición de los jóvenes Moisés Gámez Almanza, Luis Francisco Medina Rodríguez, Julio César Coronado Noriega y Marco Antonio Coronado Castillo, en la colonia Jardines de Oriente de la ciudad de San Luis Potosí, ocurrida el 11 de octubre de 2009.
El 27 de diciembre de 2017 se emitió la Recomendación 19/2017, sobre el caso de la violación al derecho a la procuración de justicia, a la verdad y a la investigación eficaz, que se cometió en agravio de una niña desaparecida, en relación a la omisión en atender de manera inmediata y coordinada las primeras diligencias tendientes a la localización de la niña de nombre Zoé Zuleica Torres Gómez.