Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 2017 arrojó el incremento de casi medio millón de plazas laborales.
“Sí hay incremento de empleo, de puestos de trabajo, pero son los más mal pagados y los más precarizados, aquellos que no tienen prestaciones sociales”, señaló Guillermo Luevano Bustamante, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
El sesenta por ciento de los trabajadores en este país no cuentan con seguridad social, ni expectativas de condiciones para jubilarse.
Si bien es cierto que la tasa de desempleo está por debajo del ámbito nacional (2.5% de acuerdo a cifras del Inegi), lo cierto es que los trabajos que se están ofertando son precarios y ofrecen de uno a dos salarios mínimos, explicó el investigador universitario.
Por el contrario, dijo, el salario que ha desaparecido es el de los trabajadores del sector privado que ganan hasta tres, cuatro y cinco salarios mínimos.
“Incluso con las nuevas inversiones de las plantas recién llegadas, de las fábricas recién llegadas, ese empleo es normalmente pactado con sindicatos corporativos, con contratos de trabajo que no responden a las necesidades económicas de esta ciudad”.
Los candidatos a las presidencias municipales, diputaciones locales, federales y senadurías no están tomando como tema prioritario la política laboral, no se trata de presumir la creación de empleos, sino que se trata de la mejora de los espacios y las condiciones laborales.
En las candidaturas locales y federales no se han escuchado propuestas para la inclusión de la seguridad social, pensiones y la mejora de salarios de la clase trabajadora.
“Simplemente ahora, para comprar la canasta básica se supone que bastaría con el salario mínimo y no es así, se necesitan entre cuatro y medio y seis salarios mínimos para que den la canasta básica, se ha depreciado el salario mínimo en los últimos treinta años”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que no basta con que los candidatos o mandatarios prometan o presuman respectivamente la creación de empleos, sino que se demanda calidad y seguridad a largo plazo.
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