Interapas da uso faccioso al servicio: Natalia Castillo

San Luis Potosí, SLP.- Luego de asegurar que el Interapas ha comenzado a aumentar de manera arbitraria el cobro por el consumo de agua potable San Luis Potosí y Soledad, ya que los pagos que se hacía eran de alrededor de 200 pesos y el último recibo llegó entre 800 y mil pesos, la candidata a diputada local por el V Distrito Natalia Castillo denunció el uso faccioso del vital líquido.

La abanderada de la alianza partidaria PAN-MC que busca un escaño en el Congreso del Estado dijo que tiene denuncias de habitantes de la delegación de Bocas y sus comunidades, en el sentido de que debido a que no han apoyado a un candidato, han comenzado a sufrir desabasto de agua potable en esa zona de la capital potosina.

Dijo que es urgente que el Interapas planifique su operatividad y sea más eficientes y que no solo se vaya a lo más fácil que es el aumento a las tarifas de agua potable y que no salgan con el viejo cuento de que “estamos en quiebra”.

Natalia Castillo dijo que cuando hay presupuesto para programas populistas, entonces también deben buscar que haya presupuesto para programas básicos y elementales como el suministro de agua potable en San Luis Potosí y Soledad.

En otro tema dijo que San Luis Potosí está siendo atacado por una oleada delictiva sin precedentes, producto de la negligencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero especialmente del Gobierno del Estado que ha sido incapaz de definir una estrategia, ni articular acciones eficaces para proteger la vida, integridad y patrimonio de los potosinos.

Señaló que con especial intensidad, la violencia extrema que se ha cometido contra las mujeres potosinas, ha colocado a nuestro estado como un foco rojo en materia de feminicidios, en el que la impunidad es la regla general y el principal incentivo para que estos incalificables atentados se sigan cometiendo ante la indiferencia y la indolencia del estado.

El 21 de junio de 2017 se declaró la Alerta de Género para 6 municipios de San Luis Potosí, desde ese día a la fecha, la violencia feminicida no ha dado tregua y solamente en lo que llevamos de 2018, se estima que el número de feminicidios llega a 23.

Explico que a la Alerta de Género ha sido inútil por tres grandes razones: Primero porque no existe certeza sobre la eficacia de las acciones realizadas, ni su impacto y también se ignora si el diagnóstico que se utilizó para emitirla, sirvió de base para definirlas.

Segundo porque no existe transparencia sobre los recursos públicos utilizados y tampoco se sabe si existió vigilancia y seguimiento por parte de la sociedad civil, lo que constituye una actuación punible ante la incidencia que se mantiene y aumenta pese a la canalización de dinero que debería ser empleado en la prevención de la violencia feminicida.

Y tercero porque no existe responsabilidad legal, política, ni moral de las autoridades que conforman el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sepasevm), porque el procedimiento de implementación sigue siendo altamente discrecional, lo que impide la rendición de  cuentas y la delimitación de responsabilidades.

Ante esa situación, Natalia Castillo anunció Ante este gravísimo y doloroso escenario tres acciones concretas que impulsará una vez que llegue al Congreso del Estado.

Se reformará la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, para establecer tiempos específicos para el proceso de implementación y criterios de difusión de las acciones, las cuales se regirán bajo el principio de máxima publicidad.

 “Dos propondré una iniciativa para etiquetar un Fondo Estatal para Atender, Prevenir, Erradicar y Sancionar el Feminicidio, el cual solo podrá usarse para fortalecer las acciones que se deriven de la implementación de la Alerta de Género, pero solo podrá utilizarse previa autorización de las personas de la sociedad civil que participan en el grupo interinstitucional y multidisciplinario”.

Y tres,  se establecerá un capítulo de sanciones para las y los funcionarios negligentes que no actúen con urgencia y celeridad durante el proceso de implementación de la Alerta de Género, para poner fin a la indolencia con que se conducen, lo que permite que prevalezca un clima de permisividad e impunidad ofensivos.