Comité Ciudadano Anticorrupción aún no es legal

San Luis Potosí, SLP.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de San Luis Potosí, se conformó en septiembre del 2017.

El Congreso del Estado no les ha dado el nombramiento legal, ni tampoco se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado.  

Mónica Torres Palacios, ex presidenta del comité y nuevamente supernumeraria del grupo, señaló que esta ha sido una de las principales causales por las que no se han dado resultados a la ciudadanía.

"La elección de fiscal nacional anticorrupción limita el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende el Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, la falta de una relación laboral del SEA con los miembros del CPC, vulnera la estabilidad del CPC y violenta los derechos laborales de sus miembros".

El retraso de las modificaciones legislativas locales y nacionales que garantizarían el funcionamiento del SNA y el SEA obstaculiza el buen funcionamiento del CPC, manifestó la quejosa.  

Torres entró por orden de prelación, luego de que la primera supernumeraria renunciara tras haber cubierto el puesto de la primera presidenta, Alma Irene Nava Bello, quien falleciera el 14 de enero del 2018.

"Se supone que de inmediato el Comité de Selección tuvo que haber enviado una convocatoria, a través de esa convocatoria tenían prácticamente 90 días para restablecer esos lugares y que yo siguiera ocupando mi lugar, sin embargo, no lo hacen, entonces yo hago mi función de presidenta, me comunico, no hay la emisión de esa convocatoria".

Señaló que decidió salir del cargo, debido a que su continuación significaría mantenerse en una posición de irregularidad.

"El Comité de Selección debe de cumplir con su función inmediata de revocar esos cargos y el gobierno y el periódico oficial tienen que hacer sus funciones, no puedo esperar más en ese cargo".

Sí existe un documento que avala la temporalidad de la presidencia de Torres Palacios, sin embargo, fuera de los noventa días, no hay una certeza jurídica para la ex presidenta.

La falta de reconocimiento, limita jurídicamente el proceder en las investigaciones y en las solicitudes que ha hecho la ciudadanía.

Esto ha mermado incluso en el interés de los miembros e incluso en su disponibilidad. "No la hay, por eso prácticamente nada se mueve", remató.

En abril del 2017, el Congreso del Estado, aprobó por unanimidad los dictámenes que expiden la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. San Luis Potosí, fue la cuarta entidad con contar con este ordenamiento, luego de que lo hicieran en Chiapas, Nayarit y Puebla.

Una de sus bases mínimas, fue la conformación y operación del Comité de Participación Ciudadana, un grupo integrado por cinco ciudadanos que deberían de detectar anomalías, contribuir con la transparencia y rendición de cuentas.

A un año de su conformación, el grupo ciudadano se ha visto frenado por la tardanza del legislativo y por la publicación en el Periódico Oficial del Estado, mientras el reconocimiento no sea legítimo, el grupo no podrá operar en San Luis Potosí.