Crisis humanitaria de Venezuela acecha a Sudamérica, alerta Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) consideró que "la crisis humanitaria" que se vive en Venezuela "acecha" a Sudamérica, en especial debido a la salida de más de un millón 200 mil habitantes que huyeron del país en busca de refugio en otras naciones de la región.

"Venezuela vive una crisis humanitaria que acecha al continente sudamericano", opinó el secretario general de AI, Salil Shetty, luego de reunirse con el presidente argentino, Mauricio Macri, y otros miembros del gobierno en Buenos Aires.

Shetty instó a Argentina, Brasil y Colombia a que se involucren en la resolución de la crisis venezolana, ya que pueden tener un "papel importante para persuadir" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los líderes políticos de la región "tienen que trabajar para lograr una solución política" en Venezuela que, además, ponga los derechos humanos en el centro de la agenda del país gobernado por Maduro.

El secretario general de AI consideró que "el costo de la crisis ha sido pagado por los más pobres" en Venezuela.

"Los venezolanos huyen de las graves violaciones a los derechos humanos y la crisis económica que vive el país se ha ido profundizando", señaló por su parte la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

Guevara agradeció la protección ofrecida por Argentina a los venezolanos que han huido de su país, pero aseguró que "no ocurre lo mismo" en la mayoría de países, donde son "marginados y discriminados" y se encuentran en una situación económica de precariedad.

Otra de las consecuencias que señaló de la salida de venezolanos del país es el "colapso" de centros médicos en Colombia, y recordó que, según cifras del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el número de venezolanos expatriados podría alcanzar los cuatro millones al concluir este año.

Por otra parte, Amnistía Internacional envió una carta a los jefes de Estado que participarán este viernes y sábado en la VIII Cumbre de las Américas en Lima, la capital peruana.

En el texto, la organización evaluó "indispensable la necesidad de priorizar los derechos humanos como eje transversal de las políticas públicas" en el continente.